CCOO denuncia ante Inspección de Trabajo acoso laboral en dos centros de menores de Mazagón

Asegura que los despidos y la movilidad funcional está afectando a los usuarios

Los dos centros de menores se encuentran en Mazagón

El sindicato CCOO de Huelva ha denunciado ante la Inspección de Trabajo una situación de acoso laboral constante por parte de la empresa Ginso, adjudicataria de la gestión de los Centros de Menores Masculinos de Mazagón (Huelva), El Faro y Dunas, que “además de suponer una vulneración flagrante de los derechos laborales de los trabajadores de los centros, está conduciendo a los menores a una situación de indefensión, inestabilidad e inseguridad, debido a los continuos cambios del personal que debían ser referente en los procesos de intervención, que en muchos casos han sido paralizados”, ha manifestado la responsable de Enseñanza Privada, protección y menores del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO, Ana  Hernández.

La sindicalista ha explicado que “nos encontramos con situaciones que están causando una auténtica desprotección de los menores, como es el caso de los turnos de trabajo, dónde sólo hay un educador para los dos centros, que se encuentran en casas independientes, con lo que es materialmente imposible que ese educador pueda dar respuesta a las necesidades de ambas, pues una persona no puede estar en dos sitios a la vez”.

A esto se suma, según Hernández, “la obligación que la empresa ha impuesto a algunos de sus trabajadores a realizar tareas fuera de las funciones por las que fueron contratadas”. El sindicato ha resaltado además que la empresa “no permite la conciliación familiar y laboral, siendo éste motivo de acoso y presión a la plantilla”.

Mala gestión

Por todo ello, CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación que se está viviendo en estos centros y de los que “siempre, los más perjudicados son los menores, quienes no deberían verse afectados por la mala gestión de una empresa que incumple sistemáticamente los pliegos administrativos que sustentan su contrato con la Junta, viola los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores, y pone en riesgo la reeducación e integración efectiva de estos menores, ya que se han dejado de realizar trabajos familiares o terapias con los chavales, acciones fundamentales, tal y como indica el programa educativo, debido a la nefasta gestión de los recursos humanos que está haciendo la empresa Ginso”.

Según Hernández, el pliego de la adjudicación “deja claro” que deben ser los mismos educadores los que se mantengan durante toda la ejecución de los programas educativos para los menores, por ser figuras de referencia, “algo que la empresa está incumpliendo desde el mismo instante en que comenzó su gestión, que se inauguró con despidos y poniendo por delante de los intereses de los menores, los intereses empresariales, algo que no estamos dispuestos a consentir, y que seguiremos denunciado hasta que la empresa entre en razón, o la Junta de Andalucía actúe para poner fin de una vez por todas a una esta situación, si es necesario con la suspensión del contrato por incumplimiento repetido de los pliegos del contrato”.

Finalmente, Hernández ha exigido a la Administración Autonómica que “controle los servicios que está externalizando y que, como el caso de los centros de menores, es un sector desprotegido, en el que algunas empresas priorizan los beneficios económicos por encima de la educación”. En su opinión, “no se puede externalizar un servicio tan sensible como éste y posteriormente lavarse las manos ante los flagrantes abusos contra los trabajadores, y carencias en el servicio que están ofreciendo”, y ha añadido que la Junta “debe actuar urgentemente para que se resuelva esta situación, sobre todo para beneficio de los menores que son los más perjudicados”.

 

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