Investigan a la alcaldesa de Gibraleón por presunta prevaricación, tráfico de influencias y falsedad

Por la destitución del anterior jefe de la Policía Local

Lourdes Martín, en el punto de mira tras ser investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha citado a declarar a la alcaldesa de Gibraleón, la socialista Lourdes Martín, por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en relación con la destitución del que era jefe de la Policía Local.

El juzgado la cita a declarar como investigada en el procedimiento judicial abierto tras la denuncia interpuesta por José Ramón Borrero, el policía destituido. Estas diligencias se abren a raíz de una denuncia interpuesta por este policía tras recibir una carta en la que se le comunicó que había cesado de su puesto de jefe de la Policía Local en julio de 2015.

El juez también cita el próximo 23 de noviembre al concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Moreno; al jefe de la Policía Local, Juan Carlos Bonaño; y al funcionario, M. A. F.

Ante esta situación, el Partido Popular de Gibraleón ha exigido a la alcaldesa que «dé explicaciones urgentes a los ciudadanos por la gravedad de los delitos por los que está siendo investigada por la Justicia». El portavoz del PP en el Ayuntamiento olontense, Manuel Gómez, ha manifestado que “es muy preocupante que un juzgado investigue a la alcaldesa por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, en un caso en el que también está implicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Moreno, y los ciudadanos no sepan nada”. Por ello, ha dicho, “consideramos que los olontenses se merecen saber qué ha pasado y la alcaldesa no puede perder ni un minuto en aclarar esta situación”, añadiendo que «queremos que explique qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, y por qué se ha ocultado a los ciudadanos”.

Además, Gómez ha indicado que “no entendemos por qué la alcaldesa encarga a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que pagamos todos los olontenses, su defensa jurídica y la del resto de implicados”, y ha señalado, a este respecto, que “los ciudadanos no tienen que pagar con sus impuestos los errores, la mala gestión de una alcaldesa ni las consecuencias de sus decisiones personales”.

 

 

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