La Junta de Andalucía, al igual que ya lo hiciera la pasada semana a nivel regional, ha presentado este lunes el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía a los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) de la provincia de Huelva, como UPA y Freshuelva y Cooperativas Agroalimentarias con el fin de analizar el texto y escuchar sus propuestas para la mejora del mismo. Una ley que, según ha señalado el delegado del Gobierno en Huelva, Francisco José Romero, “impulsará el empleo, la integración social y la igualdad de género”.
Romero y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, han coincidido en la importancia de una norma que vendrá a otorgar un marco legal a un sector “fundamental” para la economía onubense y del conjunto de la comunidad autónoma.
El objetivo, según ha remarcado Romero, es que el anteproyecto “recoja la voz de todos” e integre las inquietudes y aportaciones de los agentes sociales en este periodo que, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno del pasado 11 de octubre, se abre ahora antes del inicio de su tramitación parlamentaria, previsto para la próxima primavera. En la misma línea se ha pronunciado Hernández, quien ha incidido en que la Ley atiende a la doble faceta del sector agroalimentario «como un elemento moderno, innovador y competitivo que contribuye a la internacionalización de la economía, así como de cohesión territorial en el entorno rural. Queremos responder con esta norma a las necesidades presentes y futuras de nuestra agricultura y nuestra ganadería, ésa es nuestra meta”.
Relevo generacional
La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía supondrá, desde la óptica del delegado del Gobierno, un avance en las condiciones de las zonas rurales, en la medida en que “impulsará el empleo, la integración social y la igualdad de género”. Todo ello, como ha continuado el responsable de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sin olvidar el fomento del relevo generacional en el campo, la competitividad y la innovación, «con lo que redundará, en consecuencia, en el desarrollo de los pueblos». También se dedica un apartado especial al carácter sostenible de la actividad agraria a través de medidas dirigidas a la reducción del impacto ambiental y de los efectos del cambio climático.
Romero ha subrayado que este encuentro con las organizaciones agrarias es «resultado de la apuesta firme del Gobierno andaluz por la relación directa y cercana con los agentes del sector como vía para conocer sus preocupaciones y demandas para, sobre esa base, defender sus intereses de un modo más efectivo». Por ello mismo, la normativa incluye entre sus no-vedades el establecimiento de un sistema de participación en dos niveles: uno más operativo, dirigido a mantener un diálogo permanente con los representantes del sector a través del Consejo Asesor Agrario de Andalucía; y otro donde se pondrá de manifiesto la pluralidad y transversalidad de la actividad agraria, ya que el Consejo Agroalimentario Andaluz acogerá, además de a las OPA y cooperativas, a sindicatos y organizaciones de diversos colectivos como ecologistas o consumidores.
Escribe una respuesta