El sector agroalimentario tiene una importancia vital en nuestra comunidad autónoma, constituyendo el 15 % del PIB, con un valor anual de más de 10.000 millones de euros anuales de facturación, siendo la participación de la Producción Final Agraria en la economía andaluza porcentualmente, el doble que la nacional y tres veces más que la de la Unión Europea. Además, el sector agrario es el segundo sector, después del sector servicios, en número de activos en Andalucía, con un 12 % de la población activa.
Frente a estos datos, es indudable que es un sector socio-económico estratégico el cual se debe de proteger y potenciar. Lejos de conseguirlo del balance que UPA Andalucía ha extraído del año 2016, es que los abusos de la industria y la distribución, así como la inacción de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, siguen provocando una crisis de precios muy grave en el sector.
Según UPA, «el enmascarado incremento de la renta agraria del 5,1 % en nuestro país con respecto al año pasado publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura y del que presume, choca frontalmente con la realidad que han sufrido las explotaciones agrarias». Y asegura que ese incremento que se pregona es debido a que los productores han producido mucho más, alcanzando valores récord, pero sin embargo, «agricultores y ganaderos han recibido menos dinero por su trabajo, quedando la riqueza una vez más en manos de los de siempre».
Los precios percibidos por los agricultores y ganaderos en la mayor parte de los sectores no cubren ni tan siquiera los costes de producción. Sectores como los cereales, frutas y hortalizas, almendra, leche de vaca, caprino y ovino, entre otros, observan con impotencia y desánimo cómo una vez obtenidos sus cosechas y producciones reciben una cuantía económica que está por debajo de lo que les cuesta producirlas, dejando a las explotaciones en una situación crítica.
Ley de la Cadena Alimentaria
La solución más factible a corto plazo a la problemática de precios la deberíamos encontrar en la Ley de la Cadena Alimentaria, Ley por la que siempre UPA Andalucía ha apostado pero que no está ofreciendo soluciones a las necesidades que demanda el sector agrario. Tres son las deficiencias fundamentales que desde UPA Andalucía han detectado que tiene aún esta Ley y que son necesarias de reformar en beneficio del sector agrario:
- Desarrollar la figura del mediador para que sirva de árbitro entre el productor y la industria o la distribución si no hay acuerdo en el contrato.
- Es fundamental incorporar a la ley el establecimiento de unos precios sostenibles para agricultores y ganaderos ligados a los costes de producción.
- Establecer mecanismos de regulación y sanciones contundentes para evitar prácticas desleales y abusivas como la venta a perdidas.
El abuso de la posición de dominio de la gran distribución en el conjunto de la cadena agroalimentaria crece año tras año, según UPA. «De hecho, la evolución que han seguido los precios en origen en los últimos diez años está cada vez más distanciada del precio en destino por los alimentos», señalan, asegurando que «los ciudadanos pagan cada vez más por productos que los agricultores han cobrado en el 2016 a precios que se pagaban en los años 80 y 90″.
Así pues, precios por debajo de los costes de producción, cotizaciones en caída libre sin motivo aparente alguno, uso frecuente de productos como reclamo comercial, ventas con pérdidas o a resultas e intercambios comerciales sin contrato son algunas de las realidades con las que se han encontrado los agricultores y ganaderos en este año 2016.
Política Agraria Común: primer año de aplicación real con reducciones
Según los datos que se desprenden de la asignación definitiva de los derechos de pago básico publicada el 31 de marzo, las pérdidas de Andalucía ascienden a un total de 616,5 millones de euros en ayudas directas (Primer Pilar de la PAC) para el período que finaliza en 2020 (un balance anual medio de 96,5 millones de euros desde 2015). A ello se suma el recorte en los fondos de desarrollo rural (Segundo Pilar), 286 millones de euros menos que en el anterior marco, siendo la única Comunidad Autónoma que pierde recursos, lo que significa una pérdida del 9,8%. El resultado de esta “reforma injusta” para Andalucía es una pérdida de 902,5 millones de euros en el período 2014-2020 con respecto al marco anterior, sigue exponiendo UPA.
«Los más afectados son los que reciben menos de 5.000 €, ya que en el anterior periodo no les aplicaban el recorte de ayudas», indica la organización agraria que insiste que en este periodo, el Ministerio decidió aplicar un recorte del 8,64% a todos los beneficiarios, incluyendo a los que percibían menos de 5.000 €. En la Comunidad Autónoma andaluza, 208.000 agricultores y ganaderos, el 80% de los beneficiarios de ayudas, perciben menos de 5.000 euros
A esta rebaja, le sigue un segundo recorte que conlleva una reducción del 5% del presupuesto de pago básico destinado a las ayudas asociadas. De nuevo Andalucía se vio perjudicada, ya que sectores como el olivar en pendiente o la uva pasa que cumplían los requisitos no se vieron beneficiados. Otros como la remolacha tienen menor cuantía que en otras regiones. Estos agravios se demandaron a las autoridades competentes sin éxito hasta el momento.
Un año duro en lo meteorológico
El 2016 ha sido un año marcadamente seco con temperaturas extraordinariamente altas, siendo la situación de extrema sequía más acusada a medida que nos desplazamos a las provincias situadas más en la zona oriental de Andalucía. La ausencia casi total de precipitaciones, que ha durado desde el otoño de 2015 hasta el otoño de 2016, ha ocasionado nefastas consecuencias en producciones de secano como cereal, almendro y olivar principalmente, lo que se ha traducido en importantes pérdidas de cosecha.
En cuanto a la ganadería, se perdieron por la sequía la mayor parte de los pastos naturales para la extensiva y hubo que alimentar a los animales a base de grano y forraje comprados por los ganaderos, con el consiguiente incremento en los costes de producción que esto supone. En el caso del caprino, la situación se ha visto más agravada aún más debido a que el precio de la leche descendió considerablemente.
En ecológico, los problemas se encuentran en la alimentación, puesto que al no haber productos para el consumo del ganado en el campo se tiene que traer de fuera con un precio excesivo que no puede soportar el ganadero.
Tras la sequía, le siguió un mes de octubre benévolo en cuanto a precipitaciones para Andalucía occidental pero prácticamente inexistentes una vez más para la provincias situadas más al este. Posteriormente, en el mes de diciembre se dieron lugar hasta cuatro tornados que sacudieron a la provincia de Huelva, y tormentas que afectaron de forma considerable y fundamentalmente a las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, dañando cultivos, instalaciones de diferente naturaleza y caminos rurales.
Seguros agrarios
En este año hemos podido asistir, consecuencia de la prórroga de los presupuestos del año pasado, a una reducción de nada menos que de 10 puntos de la ayuda a los seguros agrarios que concede el Ministerio de Agricultura. Esta reducción va a suponer un incremento del coste de los seguros que discurrirá entre el 17 y el 35% según líneas.
Es la primera vez que hay que bajar las subvenciones sin reducirse el presupuesto de la partida de seguros y ello porque entre todos hemos sido capaces de aumentar la contratación de seguros. UPA Andalucía ha calificado de “verdadera lástima” que el trabajo realizado se pueda perder por no dotar suficientemente a la partida de los seguros agrarios.
Del mismo modo, la Junta de Andalucía ha dado continuidad a su partida de 5,5 millones de €, lo que no ayudará a compensar la bajada llevada a cabo por el Ministerio.
A pesar de este contratiempo para el bolsillo de los productores agrarios, UPA Andalucía ha querido instar a todos los agricultores y ganaderos a que sigan asegurando sus producciones, debido a que el seguro agrario es la única herramienta de estabilización de ingresos de la que disponen para hacer frente a los posibles riesgos climáticos y sanitarios no controlables que puedan afectar a sus explotaciones.
Del mismo modo, UPA Andalucía solicita al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Andalucía a caminar en el próximo año hacia un horizonte con una perspectiva presupuestaria más ambiciosa y sin retroceder un ápice en las políticas de incentivación.
Impacto del Brexit para el sector agrario andaluz
El Reino Unido es uno de los principales mercados para los productos agrícolas andaluces. En 2016 el 5,57% del volumen total de exportaciones fue a parar a dicho país (un 2,63% más que en 2015), por lo que tras el Brexit, existe mucha incertidumbre en el sector agrícola por lo que ocurrirá en el futuro a corto o medio plazo.
Las consecuencias directas del llamado Brexit sobre la agricultura europea y en concreto sobre la de Andalucía no se verán hasta que los poderes políticos y judiciales del Reino Unido se decidan sobre el proceso formal para abandonar la UE, por lo que hasta que no se tome esta decisión no se pueden realizar conjeturas sobre los posibles efectos sobre la agricultura y la ganadería.
Problemas en la disponibilidad de productos fitosanitarios
Si los bajos precios percibidos y los abusos de la distribución no son suficientes para menoscabar la rentabilidad para los agricultores, la situación se agrava a la hora de hablar de las materias activas de las que están a disposición de los productores a la hora de producir.
Los agricultores se encuentran cada día más indefensos ante las durísimas limitaciones de las herramientas con las que cuentan para defenderse de las plagas y enfermedades que asolan los cultivos, debido a que las políticas restrictivas que se aplican por la Comisión Europea en materia de fitosanitarios han supuesto ya, en el plazo de unos pocos años, la eliminación del 72% de las materias activas existentes en el mercado.
Hay que tener en cuenta que las plagas destruyen anualmente cerca del 35% de las cosechas de todo el mundo. Incluso una vez recogidas las cosechas, los insectos y los microorganismos infligen una pérdida adicional de entre un 10% y un 20%, con lo que las pérdidas oscilan entre un 40 y un 50%.
Por lo tanto, UPA dice que la Comisión ha de tener en cuenta que si se siguen prohibiendo materias activas, dará lugar a la pérdida de potenciales productivos, «la amenaza a la seguridad alimentaria europea y el mazazo a la política proteica europea».
Los cultivos menores en este sentido son los más afectados, ya que son los que menos materias activas tienen a su disposición al tener una baja superficie y ser menos rentables para las casas comerciales. Asimismo, al disponer de menos materias activas, queda reducida la alternancia de productos para una misma plaga o enfermedad, y se corre el riesgo de que aparezcan resistencias.
Se debe de conocer también que el primer problema ambiental de Andalucía no es la reducción de la biodiversidad derivada del empleo de fitosanitarios, sino el incremento de la erosión por las labores que hay que llevar a cabo en el terreno. Este incremento que se ve acentuado con el cambio climático y su afección por nuestro régimen de precipitaciones.
UPA Andalucía se opondrá a cualquier cambio en este sentido de la política de aplicación de fitosanitarios, apelando a que deben de tener en cuenta competitividad de la agricultura andaluza, las particularidades ambientales de Andalucía y no poner en cuestión la seguridad alimentaria europea.
Precios por debajo de los costes de producción, cotizaciones en caída libre sin motivo aparente alguno, uso frecuente de productos como reclamo comercial, ventas con pérdidas o a resultas e intercambios comerciales sin contrato son algunas de las realidades con las que se han encontrado los agricultores y ganaderos en este año 2016
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