
El Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva ha condenado a dos presos del Centro Penitenciario de Huelva a diez y siete meses de cárcel, respectivamente, por introducir por la fuerza a un funcionario en una celda y agredirlo, propinándole varios golpes.
Los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2014, cuando un funcionario que prestaba servicio en un módulo que alberga a los internos más peligrosos fue introducido por la fuerza dentro de una celda y agredido por dos internos, agarrándolo del cuello y propinánndole varios golpes. Uno de los agresores, según explica Acaip Huelva y queda registrado en la documentación en el proceso, ha reconocido que la intención de los acusados era secuestrar al funcionario para realizar una serie de reivindicaciones a la dirección del centro. «Y si la gravedad de los hechos no fue a mayores, evitando que la vida del funcionario corriere peligro, fue por la decisiva colaboración de otros reclusos y la rápida intervención de los funcionarios», asegura el sindicato, que añade que aún así, el funcionario fue objeto de graves daños, no sólo físicos sino también psicológicos, teniendo que recibir tratamiento psicológico.
Acaip ha mostrado su «absoluta disconformidad» y «preocupación» la resolución judicial, al entender que «no refleja la gravedad de los hechos». En su opinión, «con esta sentencia, parece dar mayor credibilidad a las declaraciones realizadas por los acusados que a los testimonios del funcionario agredido, funcionarios intervinientes en el incidente e internos que acudieron en auxilio del funcionario».
Arrebato u obcecación
En este sentido, indica el sindicato, «no entendemos cómo se puede graduar de esta manera el delito de atentado recogido en la sentencia, a vista de los hechos que estamos describiendo, ni mucho menos atenuar la pena por entender que los dos acusados actúan en estado de arrebato u obcecación alegando, citando palabras textuales de la sentencia «cuasi obsesión tienen ambos internos con que están siendo perseguidos sistemáticamente de forma intencionada”, cuando el principal acusado ha sido condenado por treinta delitos, a lo largo de su dilatada trayectoria delictiva, de los cuales tres de ellos han sido delitos de atentado contra los funcionarios públicos y otros tres por resistencia o desobediencia grave contra funcionarios públicos».
A juicio de Acaip, un servidor público, como lo es un funcionario de Instituciones Penitenciarias, «debe gozar de la mayor protección en el ejercicio de sus funciones, por lo que entendemos que las condenas debieran de ser más acordes a la gravedad del hecho». De lo contrario, advierte, «se puede dar la impresión que agredir a un funcionario perteneciente a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias sale realmente barato».
Los trabajadores penitenciarios, recuerda Acaip, «tienen derecho de una mayor consideración y protección administrativa y judicial, cuestión ésta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se niega a contemplar, y que paralelamente entendemos que sentencias de esta naturaleza en nada ayudan al colectivo que representamos». Por ello, Acaip anuncia que prestará la asistencia jurídica necesaria al funcionario agredido para que la resolución judicial sea recurrida y «luchar jurídicamente para un mayor castigo de este tipo de hechos para obtener una mayor protección de nuestro colectivo ante este tipo de agresiones».


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