
El portavoz de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, Rafael Gavilán, ha informado este miércoles 11 de enero de que el auto emitido por el Tribunal Supremo y que condena a Fertiberia a depositar un aval de 65,9 millones de euros «no tendrá mucha repercusión a efectos prácticos» ya que un auto previo de la Audiencia Nacional eximía a la empresa de depositar este aval en tanto no se determine el proyecto definitivo y se otorgue la Autorización Ambiental Integrada del mismo.
En rueda de prensa, Gavilán ha señalado que, sin embargo, ese auto tiene una parte «positiva» ya que la cantidad no se fija en los 65,9 millones si no que da a la Audiencia Nacional la «potestad» de cifrar la cantidad que tiene que fijar la empresa y que puede ser mayor de esos 65,9 millones previstos.
Para Mesa de la Ría, el Auto del Tribunal Supremo resuelve de manera favorable la impugnación hecha por Mesa de la Ría al recurso de Fertiberia, contra el aumento del aval impuesto por la Audiencia Nacional, y ello no deja de ser una «gran noticia ya que da firmeza a dicha cantidad, pero lamentablemente no se podrá obligar de momento a Fertiberia a que haga efectivo su depósito«, porque con anterioridad, la Audiencia Nacional había acordado mediante auto de fecha de 21 de octubre de 2016, no ejecutar el aval impuesto a Fertiberia por las dudas que se habían suscitado sobre la compatibilidad urbanística del proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos, instando a cambio a las Administraciones Estatal y Autonómica a que tramitaran las respectivas Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y Autorización Ambiental Integrada (AAI), para una vez resuelto dichos trámites, decretar si procediera la ejecución del citado aval.
Lo mejor de lo dictaminado por el Tribunal Supremo no radica en el hecho de que el aval se haya aumentado a 65,9 millones, sino en que ha quedado acreditado que la Audiencia Nacional tiene potestad para aumentar el aval hasta la cifra a la que ascienda el definitivo proyecto de restauración que resulte aprobado por la Sala.
En consecuencia, el principal «logro alcanzado por Mesa de la Ría en esta importante victoria judicial consiste en que el Tribunal Supremo ha dejado clara la potestad de la Audiencia Nacional para obligar a Fertiberia a que asuma el coste de cualquier futuro proyecto de restauración, sea cual sea su importe», una vez que el actual proyecto de enterrado de las balsas de fosfoyesos sea descartado por su incompatibilidad urbanística y con la consiguiente denegación de la Autorización Ambiental Integrada que ésta lleva aparejada.
Con las dos últimas resoluciones judiciales «logradas por Mesa de la Ría», se le ha dotado por un lado del tiempo necesario al comité de expertos para que realice su trabajo de investigación, y por el otro del respaldo económico suficiente a la solución definitiva que éste plantee para los fosfoyesos, ya que Fertiberia no ha logrado su pretensión de «congelar» la cantidad de 21,9 millones de euros que se estableciera en 2011.
Además, Mesa de la Ría quiere dejar claro a la ciudadanía de Huelva que de ningún modo se va a dar por «perdidas» las 278 hectáreas de la denominada ‘zona cuatro’ de las balsas de fosfoyesos tal y como se ha divulgado recientemente.
Existen vías legales para lograr que Fertiberia asuma su responsabilidad de restauración ambiental sobre las 720 hectáreas de la que fue concesionaria, y de hecho ya se están ejerciendo alguna de ellas. Como hasta ahora, Mesa de la Ría no va a cejar en su empeño hasta que se consiga la devolución de la totalidad de la marisma a su estado original.


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