
ADICAE ha enviado al Gobierno y a los grupos parlamentarios sus 10 medidas esenciales que garantizarían un procedimiento justo para el resarcimiento de todos los consumidores afectados.
Después de que PSOE y Ciudadanos se hayan puesto de acuerdo con el Gobierno para aprobar el decreto sobre el sistema de devolución extrajudicial de las cláusulas suelo, la asociación de consumidores y usuarios ADICAE considera que este pacto abre la puerta a los intereses de la banca y podría malograr la solución si no se toman las medidas que ADICAE ha enviado al Gobierno y los grupos parlamentarios.
La asociación, que ha liderado la lucha contra el abuso de las cláusulas suelo en España desde 2010, ha enviado al Gobierno y a los grupos parlamentarios su propuesta de solución con medidas que garantizarían un resarcimiento justo y basado en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, en la confianza de que pueden ser incorporadas directamente al decreto por el Gobierno o por los grupos parlamentarios cuando se discuta en el Congreso.
ADICAE reconoce la defensa que el grupo Socialista y el de Ciudadanos, con quienes la Asociación se reunió en las últimas semanas, ha realizado de las propuestas que les trasladó. Sin embargo estima que la fuerte apuesta y presión de la banca por condicionar las medidas a aprobar pueden acabar consiguiendo que el sistema extrajudicial acabe resultando ineficaz, o incluso que replique en sus consecuencias al mal llamado “arbitraje de las preferentes”: dejar a una gran cantidad de afectados sin recuperar las cantidades que la Justicia les ha reconocido y propiciar quitas o la ‘colocación’ de productos que solo interesan a las entidades.
Aun reconociendo la buena fe del PSOE respecto a las garantías para los consumidores, el decreto podría facilitar que algunas entidades puedan mantenerse en su negativa a anular y a indemnizar a los consumidores defraudados, o que no cumplieran plenamente la devolución impuesta por la sentencia del TJUE a todos los hipotecados defraudados, que son todos los consumidores que hayan tenido una cláusula suelo en España, y que alcanzarían hasta 4 millones de familias, e incluso podrían terminar, como terminó el llamado “arbitraje de las preferentes”, con que sólo resolviera el problema a la mitad de los afectados y llenara los juzgados de demandas haciendo fracasar lo que tendría que ser un buen Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos como el que ha propuesto ADICAE.


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