El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado una moción para su debate en el Pleno de este miércoles en la que reclamará a la Junta de Andalucía un compromiso “real” con la sanidad en Huelva y con las infraestructuras sanitarias pendientes, como los centros de salud de Isla Chica o el Distrito III.
En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, ha motivado la presentación de esta moción ante “los incumplimientos” de la Junta de Andalucía con Huelva y la “falta de liderazgo” del alcalde, Gabriel Cruz, «a la hora de hacer valer las reivindicaciones de los onubenses en materia sanitaria», reivindicaciones que se volverán a reclamar en la calle en una nueva manifestación el próximo 12 de marzo «en la que esperamos que a la tercera sea la vencida y en esta ocasión esté al alcalde”.
Por ello, el Grupo Municipal Popular pedirá al Pleno que se inste a la Junta de Andalucía “a abrir un proceso real y efectivo de negociación social con todos los agentes implicados en el sistema sanitario, sobre la base de dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciados y urgencias finalistas, derogando la fusión hospitalaria, volviendo al punto anterior al inicio del proceso, y ampliando las cartera de servicios de los hospitales Juna Ramón Jiménez e Infanta Elena”.
Invertir 200 millones
Asimismo, se reclamará a la Junta que consigne inversiones por valor de 200 millones de euros para mejoras sanitarias en la provincia de Huelva. El tercer punto de la moción del PP incide en la necesidad de que la Junta de Andalucía acometa los procedimientos administrativos y presupuestarios para la construcción y puesta en funcionamiento de los centros sanitarios de Isla Chica y Distrito III en Huelva Capital.
Para Miranda, “la sanidad en Huelva es una de las principales preocupaciones sociales, no en vano las últimas movilizaciones ciudadanas han supuesto un grito de exigencia para que la Junta de Andalucía apueste en nuestra provincia por un modelo sanitario que favorezca la calidad en todas sus prestaciones”. En este sentido, ha subrayado que “los onubenses hemos decidido dejar de estar a la cola de la sanidad en Andalucía y hacer valer nuestras reivindicaciones hacia una administración regional que olvida que la salud es el bien más preciado y más valorado por el ser humano”.
“Las mejoras en los procesos, la reducción de las listas de espera, los recortes en la dotación de profesionales y los perjuicios de la fusión hospitalaria en nuestra provincia necesitan de inversión real y efectiva y no sólo intenciones, y el déficit sanitario de Huelva no puede seguir siendo una de las reclamaciones históricas de nuestra capital y en nuestra provincia y claro ejemplo de la ineficacia de la Junta de Andalucía”, ha apostillado Miranda.
Patrica
Por otro lado, el Grupo Popular lleva a Pleno una moción en la que se reclama a la Junta que pague al Ayuntamiento los 11.182.182 euros que le debe de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) . En este sentido, el PP reclama al alcalde que “sea capaz de pedirle a Susana Díaz lo que le corresponde por Ley a la ciudad de Huelva”.
Miranda ha recordado la “asfixia económica a la que la Junta somete a los ayuntamientos al no pagar los fondos incondicionados que les deben llegar y que son un balón de oxígeno para usarlos en lo que quieran, ya sea para el pago de nóminas, nuevos servicios, instalaciones deportivas o mantenimiento de colegios”. Miranda ha insistido en que el Ayuntamiento de Huelva «necesita” ese dinero que le debe Susana Díaz, «porque así, además, lo recoge la Ley en al ámbito de las competencias de la administración autonómica».
Por último, el PP ha presentado una tercera moción en la que pide a la Corporación que exija a la Junta que garantice que no habrá recortes en la educación concertada onubense. Miranda, ha alertado de la “incertidumbre” que ha generado el anuncio de la consejera de Educación de que sólo se renovarán los conciertos «estrictamente necesarios» en la educación andaluza. A este respecto, ha indicado que la Junta está generando una “inseguridad” que «afecta en la capital onubense, al 81% de los colegios y muchas familias y profesionales».
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