Los alcaldes de 11 municipios de Huelva afectados este año por el proceso de regularización catastral de los bienes inmuebles que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Gerencia Territorial del Catastro en Huelva, han manifestado su preocupación por «el perjuicio» que esta medida supondrá para muchos vecinos de estas poblaciones.
Así lo han puesto de manifiesto durante una reunión mantenida en la Diputación Provincial de Huelva, los alcalde de esas 11 localidades afectadas, que son El Almendro, Campofrío, Castaño del Robledo, El Granado, Manzanilla, Paymogo, Puerto Moral, San Bartolomé de la Torre, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos.
Los regidores han acordado en este encuentro solicitar una reunión a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, con el objetivo de «compartir su preocupación» con la máxima representante del Gobierno central en la provincia y de solicitarle información sobre este asunto.
Los alcaldes temen que el proceso se haya llevado a cabo «sin el rigor necesario», para lo que se basan en la experiencia de otras poblaciones donde la regularización catastral se produjo en años anteriores. Según recuerdan, desde muchos municipios denunciaron que se había producido «una alteración muy significativa» de los valores catastrales de inmuebles en los que únicamente se habían realizado obras menores o intervenciones de mantenimiento, sin la incorporación de nuevos elementos ni aumento de metros edificables.
Inspecciones
También criticaron que las inspecciones se habían llevado a cabo a través «únicamente» de fotografías de vuelo aéreo o imágenes en fachada, sin que la empresa encargada de este servicio se hubiese personado en los inmuebles afectados, lo que, en opinión de los regidores, «no justifica» otro de los elementos que critican de este proceso, como que se imponga una tasa de 60 euros a todos los propietarios de los inmuebles regularizados.
Asimismo, consideran los alcaldes que este proceso de regularización catastral, en base a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre que modifica el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, genera también un «grave problema» a los agricultores que ven regularizadas sus construcciones en suelo rústico, «pues, en virtud de la disposición cuarta, la asignación de valores a estas construcciones se hace en base a las ponencias de valores de IBI urbano, por lo que construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales reciben valoraciones excesivas e injustas». Según señalan, una granja cerrada y en desuso «no puede tener el mismo valor catastral que una nave industrial, y que no puede pagar el mismo IBI una caseta de aperos que un chalet en el campo».
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