Los diputados socialistas por Huelva han presentado una batería de preguntas al Gobierno del PP «ante los problemas que presenta la prisión de Huelva y las condiciones laborales y de seguridad que padecen los funcionarios, quienes sienten una falta de apoyo y una indefensión por parte del Gobierno”, según ha comentado la diputada nacional por Huelva, Pepa González Bayo, que se ha comprometido, junto al senador Amaro Huelva y el parlamentario andaluz Jesús Ferrera, con los representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) a pedir información y a interesarse por la situación que se vive en este centro penitenciario.
La diputada socialista ha indicado que la cárcel de Huelva «necesita de una especial atención por parte del Gobierno, dado que presenta muchas carencias y no se atienden las numerosas reivindicaciones planteadas para que se mejoren las condiciones, tanto de los internos como de las personas que trabajan en el centro»
Los funcionarios y personal laboral, ha asegurado, “necesitan sentirse protegidos y amparados por la Ley en sus derechos y en el curso de su actividad laboral”. Una de las iniciativas requiere información detallada de las condiciones de trabajo y de los accidentes ocurridos en todos los departamentos de la prisión, así como las medidas que se adoptan para evitarlos. Los socialistas quieren conocer, además, el papel que desempeñan las trabajadoras y si desarrollan sus puestos en condiciones de igualdad con respecto a los hombres, ya que Acaip les ha alertado de una carencia en este sentido. Por ello, quieren saber cuántas funcionarias ocupan puestos de responsabilidad y que se desglose por género la dotación en las relaciones de puestos de trabajo. Así mismo, se pide información sobre los derechos de las mujeres embarazadas, ya que las condiciones de trabajo han de estar adaptadas a su estado de gestación.
Agresiones entre presos
Igualmente, los miembros de la asociación han mostrado gran preocupación por los incidentes que ocurren entre la población reclusa, por lo que también se ha preguntado por las circunstancias en las que se desarrolla la vida diaria en el centro penitenciario, así como los casos de agresiones entre presos, las enfermedades o la intervención de sustancias estupefacientes que se hayan podido dar en los últimos años.
Una de las cuestiones que más preocupa a los funcionarios es la decisión de que los fines de semana no haya un equipo médico atendiendo a los reclusos, por lo que las prescripciones del fin de semana han de hacerse los viernes. Este asunto, que puede parecer menor, indica González Bayo, «es un grave problema cuando se trata de la población reclusa que precisa medicación psicotrópica, ya que los propios presos son los que se administran esa medicación a su libre albedrío a lo largo de todo el fin de semana y se dan casos de tráfico de medicamentos dentro de la prisión”.
Por ello, una de las iniciativas va encaminada a clarificar esta situación que puede “causar problemas de salud por mala administración de los medicamentos e, incluso, se puedan producir sobredosis”. La diputada quiere saber cuántos reclusos precisan de esta medicación y cuál ha sido la evolución numérica de los accidentes biológicos ocurridos en el centro de trabajo en función del área funcional y puesto de trabajo desempeñado por el empleado público durante los ejercicios 2011 al 2016, desglosado por años.
1.200 reclusas y 565 funcionarios
La prisión cuenta actualmente con 1.200 reclusos, , por lo que, según la diputada socialista, “está al 110 por cien de ocupación”, y hay 565 funcionarios aproximadamente, “a todos luces insuficiente”. A ello, se une el hecho de que “hace cuatro años que no hay ningún ingreso de funcionario nuevo para entrar en el centro, porque no hay concurso de traslado desde 2012, un hecho que denota la gravedad de este asunto, en un tema especialmente delicado”.
Asimismo, González Bayo ha trasladado el “malestar de este sindicato porque la cárcel se encuentra totalmente al margen de la sociedad, cuando el principal trabajo es la reeducación e inserción laboral de los reclusos y para llevar a cabo esta labor debe darse unas condiciones dignas que en estos momentos no se tienen”.
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