A lo largo de 2016, La Junta de Andalucía ha resuelto 2.826 expedientes sancionadores (derivados de actuaciones desarrolladas tanto en 2016 como en años anteriores) por un montante total de 13 millones de euros; todo ellos encaminados a defender los derechos de los consumidores, según ha señalado la Consejería de Salud.
Entre las más destacadas están las sanciones impuestas a compañías del sector de las telecomunicaciones, como la sanción a Telefónica por la subida injustificada de las tarifas del producto Movistar Fusión, por un importe total de 870.000 euros, además del comiso del beneficio ilícito obtenido por la compañía cuantificado en más de 5,36 millones de euros. En este sentido, ha sido sancionada también la empresa Vodafone, por un importe total de 1,85 millones de euros, por siete infracciones de carácter muy grave relacionadas con diversas irregularidades en la contratación, la publicidad y las garantías de sus servicios de telefonía móvil, así como en la información a las personas consumidoras y usuarias.
Estos datos son parte del balance realizado por la Junta con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se conmemora este miércoles. Unos datos que también indican que el pasado año se han producido importantes sanciones a empresas del sector eléctrico, como la multa a Endesa Distribución, ratificada hace unos días por el Consejo de Gobierno, por un importe de 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores con posibilidad de telegestión y cobrar precio de alquiler por servicios no prestados. La sanción incluye también el comiso del beneficio ilícito obtenido durante 2014, que se cifra en 1,39 millones de euros. Por último, se han producido también sanciones a empresas del sector financiero, como la sanción a Banco Santander, por un importe total de 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en los contratos.
Por otra parte, se han registrado un total de 22.489 reclamaciones, de las que 21.558, un 95,9%, corresponden al sector servicios, muy por delante de las 857 de los productos industriales y las 74 relacionados con los alimentos. Una vez más, los sectores más reclamados son los servicios de comunicaciones (18,6%), los suministros básicos (18,15%), que se sitúan por primera vez casi al mismo nivel que los servicios de comunicaciones, y los minoristas (13,15%), seguidos de los servicios de asistencia técnica (8%) o de las empresas financieras y la banca (6,5%).
Las principales causas que han originado estas reclamaciones son por desatención a las personas consumidoras, por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la garantía, irregularidades en la calidad de los servicios o errores de facturación, sobre todo en el caso de las telecomunicaciones (también es frecuente encontrar disconformidad con los consumos facturados de los suministros del hogar).
En cuanto a las solicitudes de arbitraje, en el año 2016 se recibieron en la Junta Arbitral de Consumo autonómica 1.514 solicitudes, siendo de nuevo el sector de las telecomunicaciones el protagonista, ocupando el 50% de los arbitrajes, seguido del sector eléctrico, con el 42%, que en su mayoría versan sobre los daños por sobretensión, cortes de suministro, lecturas estimadas o incremento de tarifas.
En relación a la labor de inspección y control del mercado realizada por la Junta de Andalucía en 2016, cabe destacar que se han levantado un total de 20.132 actas de inspección. Del total de actas, 2.488 son positivas, es decir, que han detectado algún tipo de irregularidad o incumplimiento de la normativa, lo que supone un porcentaje del 12,35% del total. Son cuatro puntos menos que el año anterior, cuando resultaron positivas el 16,58% del total de actas de inspección, lo que indica que las medidas realizadas para promover el autocontrol por parte de las empresas están dando resultados satisfactorios.
Actuaciones en 2017
De cara a este 2017, la Consejería de Salud realizará un total de 26 campañas de inspección para garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que se cumplen las normas vigentes. Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se conmemora este miércoles, la Junta ha avanzado las principales líneas de acción que se impulsarán este año y ha hecho balance de su actividad en 2016.
Entre las campañas más relevantes se encuentran las relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, las compañías aéreas, el cumplimiento de la Ley de Protección Hipotecaria y otras que abarcan la protección de los menores, como las de inspección de juguetes, disfraces y productos de puericultura, entre otras. El desarrollo de estas campañas supondrá más de 8.000 controles y la toma de, aproximadamente, 300 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionan, según ha informado la Consejería de Salud.
Desde la Dirección General de Consumo, también se seguirá trabajando en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en materia financiera. Tras la aprobación el pasado mes de mayo por unanimidad de la Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda de Andalucía, se desarrollarán diferentes medidas y actuaciones encaminadas a proporcionar información y herramientas a las personas consumidoras «para tratar de acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza», informa Salud.
Cláusulas suelo
La norma andaluza tiene como principal objetivo garantizar la protección de la ciudadanía regulando la transparencia y el acceso a la información que se le debe facilitar a la hora de contratar una hipoteca. En este sentido, se están tramitando diferentes procedimientos sancionadores a entidades bancarias por defectos de información y por la inclusión de cláusulas abusivas y cláusulas suelo en las hipotecas, tras las 1.408 denuncias recibidas hasta ahora por parte de la ciudadanía.
Actualmente, y dando cumplimiento a la ley, se está trabajando en la elaboración del modelo de ‘Contrato de Préstamo Hipotecario de Confianza’, que supondrá la garantía de los participantes en su elaboración para que no se incluyan cláusulas abusivas.
En relación a cláusulas suelo, el pasado 22 de diciembre, un día después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró la retroactividad de las cláusulas suelo, la Administración andaluza de Consumo puso a disposición de la ciudadanía un simulador diseñado para hacer un cálculo estimado de la cantidad que debe devolver la entidad bancaria. Tras más de dos meses en funcionamiento, el simulador acumula ya 75.699 visitas.
El interés de la ciudadanía por este tema ha generado también numerosas consultas a los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía, tanto a través de las oficinas provinciales, como del servicio Consumo Responde. Para dar respuesta a esta necesidad, se ha habilitado un espacio en la página web de Consumo Responde (www.consumoresponde.es) para informar sobre el procedimiento que debe seguirse para solicitar la devolución de las cláusulas suelo.
Otra de las líneas en las que se trabaja es el Plan Estratégico de Consumo (2017-2020), que se encuentra actualmente en fase de definición y que se va a desarrollar en cooperación con la administración pública local y en alianza con el ámbito asociativo y empresarial.
Además, este año Salud va a destinar más de 2,3 millones de euros a la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas y subvenciones. Por una parte, se destinarán cerca de 1,5 millones de euros a subvenciones dirigidas a asociaciones, organizaciones y federaciones de personas consumidoras y usuarias. La otra línea de ayudas se dirigirá a las entidades locales, con el objeto de ampliar la red de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs).
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