El Real Decreto Ley del Gobierno para reformar el sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, dado que recibió 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos).
Nada más certificarse la derrota del Gobierno, los representantes de los estibadores que seguían el debate desde la tribuna de invitados se han puesto en pie a aplaudir y lo mismo han hecho los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, que han exhibido camisetas reivindicativas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamarles al orden.
El texto legal, en vigor desde su publicación en el BOE y que ahora queda derogado, tenía como objetivo liberalizar el sector de la estiba, el de los trabajadores que se encargan de cargar y descargar los barcos en los puertos, con el fin de que cumpla con la normativa europea a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga por ello una sanción a España.
Sin acuerdo en las negociaciones
No obstante, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, ha llegado a su debate en el Congreso sin que se lograra alcanzar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma con la patronal y los sindicatos del gremio. Dado que la mayor parte de los grupos parlamentarios vincularon su respaldo a la reforma a que tuviera el respaldo del consenso del sector, el texto legal finalmente ha recibido más votos en contra que a favor y, por lo tanto, no ha superado el preceptivo proceso de su convalidación en el Congreso.
España se expone ahora a que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga una multa de 134.000 euros al día. La sanción, que según el Ministerio de Fomento está a punto de fallarse, se extendería desde el momento en que se produjera el pronunciamiento hasta que España aprobara una nueva normativa de la estiba que no sea contraria al derecho comunitario.
Además, esta multa se sumaría a una primera que este mismo tribunal falló en diciembre de 2014, y que ya acumula un importe de 21,5 millones de euros. No obstante, el cómputo de esta primera sanción está paralizado desde que el Gobierno inició el proceso de reforma del sector, un proceso anulado este jueves por el Congreso.
El nuevo proceso legislativo se abordará mientras en paralelo continúa la negociación que empresas y sindicatos tienen abierta para dirimir los aspectos laborales sobre la reforma, dado que Fomento asegura que no se pueden fijar en la reforma legal. El principal objetivo en este ámbito, y principal reivindicación de los sindicatos del gremio, es garantizar que tras la reforma se mantendrá el empleo para los 6.150 trabajadores que actualmente conforman el colectivo de estibadores.
El Gobierno confía en que un pacto entre patronal y trabajadores permita facilitar la tramitación del texto legal, dado que la mayoría de los grupos parlamentarios han vinculado su apoyo a la reforma a que se realice con el respaldo y el consenso del sector.
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