La Asociación Mesa de la Ría ha informado que “una de las muestras analíticas de las balsas de dragados en el espigón es peligrosa por su ecotoxicidad”, por lo que la Junta de Andalucía repetirá y ampliará las analíticas, ya que los análisis hechos por el laboratorio del Puerto de Huelva de la misma muestra no dio el mismo resultado.
La información ha sido dada a conocer este viernes, a raíz de la denuncia presentada el 9 de diciembre de 2015 por Mesa de la Ría a la Junta de Andalucía, por la construcción y recrecidos de las nuevas las balsas de dragado en el espigón. La información que ha facilitado la Junta de Andalucía a Mesa de la Ría es que “de las cinco muestras analizadas, una de ellas resultó tener carácter de peligrosa por ecotoxicidad”.
Según la Mesa de la Ría resulta lamentable el cierre del espigón a usuarios y pescadores, una parte del Paraje Natural Marismas del Odiel, que según dicen debe ser de uso público. Por ello, la Mesa pide a la Administración a una solución rápida y asegura que entiende que las autoridades tendrán que aclarar antes si la toxicidad de los fangos que se desparraman a lo largo del Espigón de los recrecidos de las balsas realizadas pueden ser dañinos para la salud de los usuarios que puedan acceder a él y tomar una solución al respecto.
Alegaciones
Sobre la información pública de la propuesta de “aprobación inicial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Huelva”, Mesa de la Ría alega que “el puerto incumple la ley urbanística desde hace 17 años”, pretendiendo solucionar los graves condicionados en la Resolución de 26 de julio de 2000 «con un documento que no tiene carácter urbanístico y, que -según la Mesa de la Ría- pretende con ello dar visos de legalidad a grandes obras que ha acometido el Puerto sin el refrendo de la legislación urbanística, como éstas balsas de dragados a las que el documento asigna uso portuario y no público que, además, no están contempladas en ningún plan urbanístico, ni en el Portuario, ni en el plan General de Huelva, por lo que estas actuaciones podrían calificarse como presuntos “delitos contra la ordenación del territorio”.
Entre los condicionados urbanísticos que, según la Mesa de la Ría, lleva sin subsanar el Puerto desde el año 2000, destacan que “la calificación del suelo debe ser coherente con la del planeamiento urbanístico municipal vigente, Plan General de Huelva y Palos de la Frontera” y que “las determinaciones para la zona de Marismas del Odiel deben compatibilizarse con la del Plan Rector de Uso y Gestión y resto de normativa de aplicación por sus valores naturales”, algo que -alegan- «no cumplen las balsas de dragado que el Puerto recrece y construye a su antojo y escondidas en Marismas del Odiel».
Para Mesa de la Ría, la actuación del Puerto de Huelva al margen de la obligada planificación urbanística de su territorio, que es también el de todos los onubenses y palermos, elude la necesaria participación ciudadana asociada a la delimitación de usos futuros del Puerto de Huelva, por ello ha expresado en la alegación que el espigón debe ser público, que las balsas de dragados son ilegales y que tanto la Avenida Francisco Montenegro, como todo el frente de la Ría deben considerarse zonas de interacción Puerto-ciudad y diseñarse desde la legalidad urbanística, entre todos los ciudadanos con una verdadera participación pública.
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