Opinión



Andalucía recibirá 358.288.124 euros para políticas activas de empleo, un 3,08% menos que en 2016

El Gobierno distribuye 1.893,3 millones a las comunidades autónomas

Imagen de la LXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

Andalucía es la única Comunidad Autónoma que recibirá menos dinero que el pasado año, por parte del Gobierno central, para políticas activas de empleo, enmarcadas en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE). Así, percibirá 11.391.646  euros menos, ya que la cuantía prevista para 2017 es de 358.288.124 euros, cuando en 2016 alcanzó los 369.617.720 euros, es decir, -3,08%.

No obstante, sigue siendo la Comunidad Autónoma que más dinero recibe del Ejecutivo de Rajoy para políticas activas de empleo. Le siguen Cataluña, con 299.151.062 euros y Madrid, con 241.069.306 euros. Estas dos últimas, ven incrementas estas cuantías con respecto al pasado año en 8,88% y un 7,08%, respectivamente.

Estas cuantías las ha dado a conocer la ministra de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), Fátima Báñez, en la LXIV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que ha expuesto a los representantes de las comunidades autónomas que la cantidad total a distribuir para políticas activas de empleo 2017 es de 1.893,3 millones de euros, un 5% más que en 2016.

Respecto a la evaluación del PAPE 2016 y la distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2017, la ministra ha resaltado que ambos están estrechamente relacionados y el reparto está orientado a resultados. La cantidad que tendría inicialmente que distribuirse entre las comunidades autónomas en base a los criterios aprobados en Conferencia Sectorial, según las cifras del presupuesto del 2016 prorrogado, ascienden a 1.801 millones de euros (1.777 corresponden al SPEE y 24 millones al MEYSS). Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal tramitó una transferencia de crédito con objeto de aumentar esa cantidad en 92,5 millones de euros adicionales. De esta forma, la cantidad total a distribuir es de 1.893,3 millones de euros (1.869,3 del SPEE y 24 millones del MEYSS), un 5% más que en 2016.

Ese incremento de 92,5 millones se destina a financiar programas de formación profesional para el empleo (20,4 millones de euros) y programas de fomento del empleo (72,1 millones de euros). De los 1.893,3 millones de euros, se incluyen 129 millones para financiar la primera parte del Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención a Parados de Larga Duración en 2017.

No obstante, la ministra ha recordado que cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que acaban de iniciar su tramitación parlamentaria, la cuantía final se elevará hasta los 2.018 millones de euros, un 12,7% más que en 2016.

 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Durante su intervención, la ministra ha puesto de relieve que una de las prioridades principales del Gobierno sigue siendo favorecer la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Por ello, el Gobierno aprobó en 2014 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que culminó con la aprobación, en 2016, de un Real-Decreto, una norma que contó con el respaldo del diálogo social y de una gran mayoría del arco parlamentario.

En cuanto a la ampliación de fondos para la Garantía Juvenil, se prevé que España reciba en septiembre aproximadamente 400 millones de euros, cuando la pruebe el Parlamento Europeo.

Diseño y puesta en marcha de la Tarjeta Social

También se ha informado en este encuentro de Tarjeta Social, que ha sido calificado por Fátima Báñez como “uno de los proyectos más importantes de la legislatura”, y cuyas líneas generales ha presentado en la Conferencia. La ministra ha recordado que se han puesto en marcha varias mesas desde las que abordar, en el marco del diálogo social, nuevas medidas. Y una de ellas es la mesa para establecer un Plan de Choque por el Empleo. Esta mesa se encarga de la renovación y mejora de las políticas activas de empleo y de nuevas formas para la mejora de la protección social. Y, en este contexto, también de la posibles vías para implantar la tarjeta social.

El pasado mes de enero, en la VI Conferencia de Presidentes autonómicos, se acordó crear (en el plazo de tres meses) un Grupo de Trabajo en el que participarán la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, incorporando también las aportaciones del Tercer Sector de Acción Social.

 

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