Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco han alcanzado este jueves un acuerdo que pone fin al conflicto en el sector hace casi cinco meses, cuando el Gobierno emprendió la reforma legal de esta actividad para liberalizarla, y evita los paros que estaban programados en los puertos: el de este viernes, 30 de junio, y los dos paros de 48 horas de la próxima semana (los programados entre el 3 y el 5 de julio, y entre los días 6 y 8).
En virtud del pacto, los sindicatos (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO., CGT y CIG) y Anesco han fijado las líneas básicas para sentarse a negociar un nuevo convenio para el sector, una vez que ambas partes han cedido en sus pretensiones iniciales y la patronal ha cambiado su postura tras la reciente salida de varias de sus empresas asociadas.
En virtud del acuerdo, las empresas se avienen a subrogar a los trabajadores de las sociedades de gestión de estibadores portuarios. De su lado, los sindicatos aceptan una bajada de salario del 10% y negociar medidas operativas y cambios en la organización del trabajo que mejoren la competitividad de los puertos. También aceptan que se acometa un ajuste en la platilla de algunos puertos mediante prejubilaciones voluntarias.
Las dos partes pactan además un periodo de estabilidad en los puertos para poder abordar la negociación del convenio, que emprenderán la próxima semana y esperan concluir hacia el 30 de septiembre.
Los estibadores ceden en su pretensión de que las empresas se comprometan a participar en los nuevos centros portuarios de empleo (CPE), las ETT’s en las que se pueden convertir las Sagep y en participar en el acceso a la profesión de nuevos estibadores. La concreción de estas materias se deja a la negociación del convenio que se abre ahora.
Por su parte, el Ministerio de Fomento celebra este acuerdo que «devuelve la estabilidad a los puertos y garantiza el mantenimiento del empleo», según indica en un comunicado, donde recuerda que el Real Decreto Ley de reforma del sector convalidado por el Congreso facilitaba la negociación entre las partes, «ya que dotaba a las mismas de las herramientas y ayudas necesarias para alcanzar el acuerdo».
En opinión del Gobierno, este acuerdo alcanzado «desacredita a aquellos grupos parlamentarios que se opusieron en la Cámara Baja a la convalidación del Real Decreto Ley, alegando que no garantizaba el empleo ni permitía que patronal y sindicatos llegaran a un punto de encuentro».
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