La empresa Fertiberia ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Huelva y a la Audiencia Nacional, en el que solicita al Consistorio que dicte una resolución por la que se autorice la ejecución parcial del proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos, en relación a las actuaciones requeridas de sellado de salida, dictando los actos administrativos que procedan, así como que acometa la restauración de la Zona 4 de las balsas, como parte interesada, si la actuación requerida fuera correctiva de la actividad regeneradora realizada por el Consistorio en dicha zona en su día.
El portavoz de la Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha mostrado su oposición a esta intención, en base a la sentencia de la propia Audiencia y recuerda que lleva meses advirtiendo de que en el proyecto de restauración presentado por Fertiberia, que «en realidad consiste en enterrar los residuos, se omite actuación alguna sobre las más de 270 hectáreas correspondientes a la zona 4». Según ha señalado, «Fertiberia ha destapado sus intenciones ocultas y ha dejado claro que su pretensión es que dicha zona sea descontaminada con dinero público».
Sin informes ambientales
Desde la Mesa de la Ría aseguran que Fertiberia ha solicitado a la Audiencia Nacional a que se le autorice a «ejecutar parcialmente su proyecto de restauración, para así corregir los lixiviados que actualmente se están produciendo al río Tinto». A su juicio, no cabe una ejecución, aunque sea parcial, de un proyecto que «no cuenta con los informes ambientales necesarios», refiriéndose a la Declaración de Impacto Ambiental y a la Autorización Ambiental Integrada, ni con el informe de compatibilidad urbanística, ni con el estudio de impacto sobre la salud, documentos todos ellos necesarios para ejecutar, aún parcialmente, un proyecto constructivo de ese tipo.
Gavilán ha indicado que «la obligación de Fertiberia de corregir dichos lixiviados y vertidos al río Tinto le viene impuesta por la Ley 1/2016 de prevención y control integrado de la contaminación, por el Decreto 109/2015», por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico, al margen por tanto de la existencia o no de un proyecto constructivo y por la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que la Mesa de la Ría ha iniciado ante la Junta de Andalucía, aportándolo en el incidente de ejecución.
En su opinión, se trata de «una mofa más ante los ciudadanos el hecho de que Fertiberia pida ahora autorizaciones para unos trabajos que ha estado realizando habitualmente, como es retirar los fosfoyesos vertidos fuera de su concesión, con el único objetivo de engañar para obtener una autorización del que su proyecto carece y que no tiene visos de que vaya a ser obtenido».
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