La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo entró en vigor el jueves, 26 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día anterior, miércoles 25. No obstante, algunas medidas contempladas en la ley no entrarán en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2018.
Entre esas medidas que empezarán a aplicarse en enero figura la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para los nuevos autónomos o quienes reemprendan después de dos años, así como la reducción de los cargos por el retraso en los pagos a la Seguridad Social (SS).
También empezarán a aplicarse en 2018 las deducciones por suministros para quienes utilizan su vivienda como lugar de trabajo o por manutención, así como la posibilidad de cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización y dar hasta tres veces altas o bajas en el régimen especial o Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta).
Conciliación laboral
En cambio, sí que entran en vigor hoy las distintas medidas relacionadas con la conciliación, como las bonificaciones del 100% de la base de cotización a la Seguridad Social para los autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad o adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia -sin necesidad de que tengan que ser sustituidos por otro trabajador-, o la tarifa plana de 50 euros al mes durante el primer año para madres que reemprendan antes de los dos años fijados de forma general. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva desde los siete hasta los 12 años.
Además, desde ya se devuelve el exceso de cotización en supuestos de pluriactividad de trabajadores autónomos sin que tengan que pedirlo y entran en vigor las nuevas bonificaciones para la contratación de familiares del trabajador autónomo.
También tiene efectos inmediatos el reconocimiento del accidente de trabajo in itinere para los autónomos; la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información respecto a la prevención de riesgos laborales; así como la compatibilidad del trabajo y el cobro del cien por cien de la pensión siempre que el autónomo tenga contratado, como mínimo, a otro trabajador por cuenta ajena.
También entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 las deducciones en el IRPF por seguros de enfermedad, por los gastos de suministro de agua, luz, electricidad y telefonía para la vivienda habitual si el autónomo trabaja desde casa (deducción del 30%), y por los gastos de manutención. Las deducciones por este último concepto serán de hasta 26,67 euros diarios cuando estos pagos se realicen de forma electrónica en establecimientos de hostelería y restauración, y de hasta 48,08 euros diarios en el caso de que sea en el extranjero.
Otro aspecto de esta ley que surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 son los cambios en las altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Así, los autónomos podrán cambiar de base cuatro veces al año en lugar de las dos actuales y las bajas y altas en el RETA se podrían realizar hasta tres veces al año, siendo efectivas en el día realizado. De esta forma, únicamente se pagará la cuota de los días en los que el autónomo esté dado de alta y no el mes completo.
La base mínima de cotización para los autónomos que cuenten con diez o más trabajadores contratados será fijada específicamente cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en vez de estar vinculada a la base de cotización de los trabajadores del Régimen General.
Descuentos por maternidad
La Ley de Reformas del Trabajo Autónomo incluye medidas para aumentar la protección social de los autónomos, extendiendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tengan que ser sustituidos por otro trabajador.
Esta bonificación será compatible con las bonificaciones aplicables a los contratos con personas desempleadas que sustituyan a trabajadores autónomos durante estos períodos de descanso. Se pone en marcha una cotización especial para autónomos a tiempo parcial.
Para las mujeres que hayan cesado su actividad y vuelvan tras la baja de maternidad, adopción, guarda, acogida o tutela, la tarifa de cotización será de 50 euros al mes durante el primer año o una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a 12 años.
Por otro lado, se amplía la cobertura de las contingencias profesionales para los accidentes in itínere y la participación de los trabajadores autónomos en programas de formación e información respecto a la prevención de riesgos laborales.
También se clarifica la obligatoriedad de darse de alta para aquellos trabajadores con ingresos bajos y que no superen en el cómputo anual el Salario Mínimo Interprofesional, así como la puesta en marcha de una cotización especial para autónomos a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Todas estas cuestiones deberán definirse en la Subcomisión del Congreso para la reforma del RETA.
La nueva ley refuerza la figura del familiar colaborador, amplía las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de familiares por parte de los trabajadores autónomos y reduce el grado de discapacidad de los hijos de un trabajador autónomo mayor de 30 años para el acceso a ayudas, con incentivos para que éstos puedan ser contratados como trabajadores por cuenta ajena.
Hasta cuatro años para convertir bonificaciones en reducciones
En una de las disposiciones adicionales de esta ley, aparece una de las medidas que el Gobierno anunció en su día para aliviar las cuentas de la Seguridad Social: la conversión de bonificaciones en reducciones de cuotas. La norma establece un plazo máximo de cuatro años para realizar esta conversión, que será progresiva, y siempre que el presupuesto del SEPE pueda asumirlo.
Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE). Si las reducciones pasan a convertirse en bonificaciones, el importe de las mismas lo financiaría el Estado a través del SEPE y éste se ingresaría en la caja de la Seguridad Social.
En Empleo calculan que serían unos 1.900 millones de euros.
Fija un plazo máximo de cuatro años para convertir, de manera gradual, las bonificaciones en reducciones de cuotas.
La reducción a la mitad de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social entrará en vigor en 2018
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