El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos es «válido» porque no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste, algo que sería contrario al principio de libre determinación recogido en el Derecho internacional.
La sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo se ha pronunciado por tanto en sentido contrario con respecto a las conclusiones previas del abogado general, que concluyó en enero que el protocolo no era válido por aplicarse en el territorio del Sáhara Occidental. El caso fue elevado a la Justicia Europea por el Tribunal Supremo de Reino Unido ante la denuncia presentada por la Organización Western Sahara Campaing (WSC).
En la sentencia, el TUE se declara competente para analizar si los acuerdos internacionales suscritos por la UE son compatibles con los Tratados y con las normas de Derecho internacional que vinculen a la UE. Además, estima que incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del acuerdo quebrantaría determinadas normas del Derecho internacional, en especial el principio de libre determinación.
Posteriormente, el dictamen subraya que el acuerdo únicamente es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos, que están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva. Por tanto, la Justicia europea declara que, dado que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental «no están comprendidas en la zona de pesca marroquí».
El protocolo de pesca entre la UE y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años y ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. Los gobiernos de la UE dieron la semana pasada ‘luz verde’ a iniciar las negociaciones con Marruecos para renovar el acuerdo actual, que expira el 14 de julio de este año.
El acuerdo permite el acceso a aguas marroquíes a unas 120 embarcaciones comunitarias de once países de la UE y España es el Estado miembro más beneficiado. A cambio, el bloque comunitario paga a Rabat 30 millones de euros al año: 16 millones por el acceso a las aguas y 14 millones para apoyar el sector pesquero marroquí.
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