El CADE Huelva acoge una jornada sobre buenas prácticas empresariales basadas en Compliance

Invitan a las empresas a “hacer uso de herramientas como estas para minimizar los riesgos”

Jornadas sobre buenas prácticas empresariales en el CADE de Huelva

El CADE Huelva y el bufete de abogados DE VEGA & Asociados han organizado una jornada dirigida a empresas de Huelva sobre buenas prácticas empresariales basadas en el Compliance, un conjunto de procedimientos adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, ha subrayado que las empresas “deben hacer uso de herramientas como estas para minimizar los riesgos jurídicos que pueden conllevar un impacto negativo sobre su imagen o sus recursos”.

Por su parte, el abogado Javier R. de Vega ha aclarado que aunque el Compliance no es aún obligatorio por ley, “es muy necesario para el cumplimiento normativo y evitar graves consecuencias”. El bufete onubense DE VEGA & Asociados es uno de los pioneros a nivel nacional en obtener la imprescindible certificación Cescom, y ha sido de los primeros despachos en ofrecer servicio de Compliance en Huelva. Este certificado, que otorgan la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA), acredita la competencia y dominio en el ámbito del Compliance.

En la jornada, varios consultores expertos en esta materia han explicado que la amplia normativa de los países desarrollados, la complejidad y variabilidad de sus contenidos, así como la globalización de las actividades empresariales, hace que aquellas empresas que no cuenten con una función de #Compliance profesionalizada, sufran cada vez más daños económicos y de reputación.

La necesidad de contar con un programa de Compliance surge en el mundo anglosajón, fundamentalmente a partir de los años 80, pero en España no tiene su auge hasta la reforma del Código Penal en 2010 y, fundamentalmente, la de 2015, que instituye por primera ver la necesidad de contar con un programa de prevención de delitos dentro de la empresa u organización, que podrá constituir la exoneración o, al menos, una atenuante en caso de la comisión de un delito.

 

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