Los juzgados de los Social de Huelva han duplicado la carga de su trabajo desde 2007, según Csif

Indica que la plantilla está sometida a un gran estrés y agotamiento

Todos los Juzgados de Huelva están sobresaturados de trabajo

El sindicato Csif denuncia que los juzgados de lo Social de Huelva han duplicado desde 2007 la carga de trabajo con un ratio que supera el 160% de su capacidad.

El sector de Justicia del sindicato asegura que la situación de las plantillas sigue siendo la misma «desde hace más de 25 años, con tan solo 30 trabajadores». Recuerda además de que Huelva es la única provincia de Andalucía que tiene solamente tres juzgados de lo Social, a pesar de que la propia Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz han reconocido que se necesitan dos centros más.

Según Csif, hasta hace poco tiempo se contaba con un refuerzo que elevó de tres a cuatro el número de juzgados de lo Social en Huelva. Sin embargo, desde que se prescindió de él, «sólo tres asumen el trabajo de los cinco necesarios» y añade que los funcionarios que trabajan en ellos «tramitan y resuelven todas las materias relativas a la Seguridad Social, altas médicas, reconocimiento de grado de incapacitación, reclamación de pensiones, despidos, reclamaciones de cantidades, sanciones e impugnaciones de convenios, entre otras cuestiones, así como las ejecuciones de todos estos procedimientos».

Explica el sindicato que “a pesar de la apreciación general de que la crisis ha remitido, en Huelva y su provincia los despidos, cierres de empresas y liquidación de autónomos están a la orden del día”. En diez años de crisis, argumenta, los asuntos de los juzgados de lo Social «se han triplicado, soportando una carga de trabajo que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobrepasa el 160% de la ratio». El CGPJ considera que la ratio debe estar entre 600 y 800 asuntos anuales. Sin embargo, en este último año en Huelva «se han superado los 1.300 en cada uno de los tres centros, duplicando la carga de trabajo que deberían asumir». Por todo ello, el propio CGPJ reconoce “la eficacia y la capacidad de trabajo de los funcionarios”, asegura CSIF. Según los datos de la central sindical, el Juzgado de lo Social número 2 es el que dicta más sentencias de toda España. «Cada jueza celebra 27 juicios a la semana y en cinco días está dictada la sentencia», asegura.

Eficienda de los profesionales

Estos datos, a juicio de la central sindical, “demuestran el buen hacer de los trabajadores y de las juezas que están asumiendo una carga de trabajo mayor de lo estipulado. Su eficiencia es tal que, gracias a su labor, no existen demoras mayores”. Por este motivo, apela a la Administración y al Defensor del Pueblo Andaluz para realizar “un reconocimiento público a este trabajo”.

A juicio del sindicato, el incremento de los asuntos -a pesar del sobreesfuerzo de las plantillas- unido a lo que Csif considera “un alarmante déficit de personal”, provoca que sea “totalmente imposible resolver de forma inmediata los procedimientos urgentísimos”, como son las altas médicas, el traslado forzoso de trabajadores, cuestiones electorales y derechos fundamentales. «Los señalamientos de juicios y la tramitación de los despidos tardan una media de doce meses y las reclamaciones a la Seguridad Social son imposibles de resolver antes de los dos años», critica el sindicato, que asegura que todo ello «repercute negativamente en la atención que se les presta a los usuarios y ralentiza los procesos con un número cada vez mayor de afectados».

Estrés laboral

La plantilla que actualmente realiza su trabajo en estos juzgados, que lleva más de 25 años sin aumentarse, indica el sindicato, está soportando “una situación laboral estresante y agotadora, ya que no solamente tiene que tramitar los expedientes sino que también atiende las llamadas telefónicas, a los profesionales del Derecho así como a las personas interesadas y afectadas que diariamente acuden a los juzgados”. Debido a esta excesiva carga de trabajo, “son cada día más llamativos los cuadros de ansiedad y de estrés laboral”.

Además, desde la central sindical se advierte que “hay que tener en cuenta lo delicado que son los temas que tratan, porque detrás de cada expediente hay personas que han sido despedidas de su trabajo y que tienen familias a su cargo, ciudadanos que tienen que esperar más de un año para que su expediente se resuelva. Una situación que genera aún más estrés en los trabajadores que diariamente tramitan estos casos”.

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