La medida de Ribera baja la luz “lo que vale un café” y “sólo beneficia a las empresas”, según Facua y Ocu

Las asociaciones de consumidores consideran insuficiente la eliminación del impuesto a la generación

La suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica anunciada este miércoles por la ministra para la Transación Ecológica, Teresa Ribera, no ha convencio a las organizaciones de consumidores, que ven insuficiente la medida; una “tomadura de pelo” dice FACUA-Consumidores en Acción, que “bajará la luz poco más de lo que cuesta un café” y “sólo beneficiará a la industria”, apostilla la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Para FACUA, la nueva subida en el precio del kWh que se está produciendo en septiembre “superará por sí sola la rebaja en el recibo que provocará la suspensión del impuesto a la generación”. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, considera “una tomadura de pelo” que la ministra para la Transición Energética haya afirmado que su medida va a “aliviar la factura eléctrica a los consumidores”. Una factura que según los análisis de la asociación, se ha encarecido en un 85,7% para el usuario medio en los últimos 15 años 37,26 euros mensuales -tomando como referencia las tarifas semirreguladas de agosto de 2003 y 2018-.

“El descuento en el recibo que puede derivarse de la bajada del impuesto a la generación del 7% a casi cero representará poco más que el precio de un café”, denuncia el portavoz de FACUA, que califica de “bochornoso” que Ribera haya anunciado “con tanta grandilocuencia” una medida que venían reclamando las propias eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy y cuyo partido ahora también pide su eliminación.

Reivindicaciones al Gobierno

FACUA ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La asociación denuncia que la liberalización del sector iniciada en la etapa de José María Aznar ha sido “una auténtica estafa” a los consumidores y reclama medidas que “pongan freno a las prácticas que lleva a cabo un oligopolio que no sólo no quiere competir, sino que especula con unas tarifas que están infladas artificialmente”.

La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de FACUA. Bajarlo al 4%, explica, “ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales”. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por la asociación tomando como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.

La principal medida propuesta por FACUA es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy “ha sido un fracaso aún mayor que el que se aprobó durante la etapa socialista de Zapatero”. Por un lado, argumenta, porque “supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a las familias numerosas, que pueden beneficiarse todas”. Por otro, porque “el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él”.

Revisión completa del sistema eléctrico

Por su parte, OCU ha pedido una “revisión completa” del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica “sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en le precio de la energía para los consumidores”.

La organización considera necesaria esta revisión completa del sistema, “en el que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas transparentes, justas y accesibles para todos los hogares”.

Asimismo, señala que la medida anunciada no supondrá de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, “que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019”.

OCU valora “positivamente” el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee “la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción”. Sin embargo, considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera “serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor”.

Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan “una factura más justa”, entre las que figuran la retirada o limitación conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el mercado mayorista y destinar recursos para proteger a los hogares más desfavorecidos.

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