Casi una década después, los tribunales dan la razón a las informaciones de EL MUNDO sobre las irregularidades habidas con los incentivos otorgados a MATSA en 2009, cuando era presidente del Gobierno andaluz Manuel Chaves. Según publica El Mundo hoy por aquel entonces Chaves concedió un incentivo de casi 10,1 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabaja su hija Paula Chaves, y en la que actualmente es directora de la Asesoría Jurídica, Relaciones Institucionales y Comunicación.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la empresa minera a devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones de euros más los intereses legales acumulados (la suma total podría rondar los 16 millones) por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda, según pudo confirmar este diario.
Según publica El Mundo, «el 20 de enero de 2009, el entonces presidente de la Junta, Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda para la empresa que fichó a su hija Paula en julio de 2007, antes de pedir el incentivo. A los tres meses de avalar esta subvención, Chaves dejó el Ejecutivo andaluz, tras 19 años en la Presidencia».
El diario insiste en que «La clave de la sentencia sobre Matsa de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA es que el Gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente prohibido por la ley«. Así, la Justicia da la razón a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que el pasado 14 de enero de 2014 -durante la etapa del bipartito presidido por Susana Díaz con el apoyo de Izquierda Unida- solicitó a Matsa el reintegro de la totalidad del incentivo más los intereses acumulados. En esa fecha, la suma ascendía a 11.832.868,40 euros.
El Mundo destapó las irregularidades del incentivo millonario en 2009, pero el Gobierno andaluz las ignoró hasta 2014, cuando decidió finalmente reclamar el reintegro.
Los argumentos de la sentencia del TSJA para condenar a Matsa a devolver la ayuda -que inició el proyecto antes de pedir la ayuda, en contra de la ley- son los mismos que utilizó el PP para cuestionar la subvención de Chaves a la mina apoderada por su hija y también son los mismos que esgrimió el último Gobierno de Rodríguez Zapatero para denegarles la ayuda al proyecto.
Aunque los incumplimientos eran de sobra conocidos, «Minas de Aguas Teñidas cobró los 10,1 millones de euros en tiempo récord, ya que el incentivo fue concedido en enero de 2009 y el 4 de junio de 2010 la Administración se lo pagó», explica la información de El Mundo.
La Unión Europea (UE) exige, con carácter general, que las empresas no inicien los proyectos antes de la presentación de la solicitud de ayuda. Es el conocido como efecto incentivador que persigue el cambio de conducta del sujeto que recibe el incentivo. Esta exigencia de la UE se refleja en las órdenes reguladoras de cada una de las subvenciones, ya sean del Gobierno o de la Junta de Andalucía.
El 24 de abril de 2008, el Ministerio de Industria, entonces dirigido por Miguel Sebastián, rechazó incentivar la construcción de la planta de tratamiento mineral de Matsa porque había solicitado la subvención estando ya iniciado el proyecto. Lo ratificó el propio Sebastián en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados el 17 de junio de 2009. Pero la solicitud de Matsa al Ministerio tuvo entrada el 20 de julio de 2007, justo el mes en que Paula Chaves empezó a trabajar en la firma minera. «Si el Gobierno de Zapatero confirmó que antes de esa fecha el proyecto de Matsa estaba iniciado, también tenía que estarlo tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, que es cuando Matsa pidió la ayuda para el mismo proyecto a la Junta bajo la presidencia de Chaves, que finalmente va a tener que reintegrar», dicen en el diario.
Precisamente ahora, el ex presidente del Ejecutivo andaluz está siendo enjuiciado, junto a otros 21 ex altos cargos, en la Audiencia de Sevilla por los ERE. La Fiscalía Anticorrupción, que eleva el botín de los ERE a 741 millones de euros, pide para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Vulneró la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos
El 20 de enero de 2009, Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda de casi 10,1 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabajaba entonces su hija Paula como apoderada, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta le obligaba a inhibirse por la relación de parentesco.
El incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades fue tal, que Paula Chaves fue quien aceptó en nombre de Matsa la subvención minera ratificada por su propio padre. Después el Gobierno andaluz presidido por José Antonio Griñán se negó a abrir expediente sancionador contra Chaves incluso cuando recibió la orden expresa del TSJA, sigue contando el diario en su edición de hoy,
El Gobierno andaluz mantuvo que Paula Chaves no intervino en el procedimiento hasta un mes después de firmar su padre la concesión de la subvención, por lo que al ex presidente no se le podría acusar de haber incurrido en incompatibilidad alguna. «Sin embargo, el ex apoderado que gestionó la ayuda de Matsa ante la Administración andaluza, Francisco Javier López Rubio, admitió que la hija de Chaves supervisó y validó todo el proceso de la ayuda desde el principio».
Termina narrando El Mundo que la declaración del ex apoderado dejó en evidencia a Chaves, que incluso dijo en el Congreso que era rotundamente falso que su hija hubiera tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo. Paula Chaves empezó a trabajar en Matsa en julio de 2007. Ha sido la directora del departamento de recursos humanos y ahora es la responsable de la asesoría jurídica, relaciones institucionales y comunicación en Minas de Aguas Teñidas, Matsa.
EL MUNDO descubrió las irregularidades en 2009 pero el Gobierno andaluz las ignoró y no actuó hasta 2014
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