CSIF Andalucía ha presentado demanda de conflicto colectivo ante la Comisión de Vigilancia del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía tras la reapertura de dos residencias de tiempo libre para acoger a menores extranjeros no acompañados en Punta Umbría (Huelva) y en La Línea de la Concepción (Cádiz).
De esta forma, el sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) de CSIF-A critica la, a su juicio, “desafortunada y unilateral decisión de la Administración de reabrir los dos centros para acoger a estos menores sin el personal de los centros”, que según señala en el escrito de demanda, “fue cesado en septiembre, por lo que los dos edificios permanecían abiertos con los trabajadores acordados con su órgano de representación para la realización de servicios mínimos, de mantenimiento del edificio y jardines, como de limpieza del mismo, así como tareas administrativas, mientras estaba suspendida la actividad principal”.
El sector de AGJA de CSIF-A indica que el resto del personal se encontraba disfrutando sus vacaciones anuales retribuidas, «mientras estaban a la espera de ser reubicados forzosamente en otros centros de trabajo pertenecientes a la Junta de Andalucía y los trabajadores fijos-discontinuos ya habían sido cesados en sus contratos de trabajo precisamente por la misma razón: haber cesado la actividad del centro de trabajo, y por tanto ya estaban inscritos en el desempleo».
Ahora, apunta el sindicato, ante la llegada de menores extranjeros no acompañados y la «falta de planificación» con los centros de menores, «desbordados y con falta de personal», como ha denunciado este sindicato, son trasladados a las Residencias de Tiempo Libre, pero «sin el personal de éstos”.
Así, considera que, “aparte de la falta de información y negociación con las centrales sindicales que representan a estos trabajadores, existe un desagravio para todo el personal propio y obligado a reubicarse, pese a la reapertura del centro para el hospedaje de personas», por lo que CSIF exige que los trabajadores de esos centros «no sean reubicados, dado que su centro permanece desarrollando la actividad propia del mismo, y una vez disfrutadas sus vacaciones, se incorporen de nuevo a sus puestos de trabajo”.
Falta de información a los trabajadores
Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva. Rafael Sánchez Rufo, ha denunciado el trato dado por la Junta al personal que trabaja en la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría que va a acoger a menores inmigrantes. Sánchez Rufo califica de “inaceptable” la «falta de información» a los trabajadores. «Dieciséis van a ser reubicados en otros destinos con motivo del final de la temporada, mientras que el resto, en torno a quince, van directamente al paro». Se trata de empleados públicos que trabajan en tareas de limpieza, cocina y mantenimiento en dicha residencia.
Sánchez Rufo añade que “resulta un desprecio” a los empleados públicos que en una situación en la que las instalaciones de la residencia van a seguir abiertas, «las personas que trabajan en las mismas durante seis meses al año vayan a ser sustituidos por una empresa privada que se va a encargar de gestionar esta residencia, a pesar de que cuenta con una plantilla que depende directamente de la Junta de Andalucía».
Según IU, los trabajadores de la residencia de tiempo libre vienen reivindicando desde hace tiempo el uso de las instalaciones para actividades alternativas, «para lo que incluso propusieron la posibilidad de ofrecer los servicios de comedor escolar en los centros escolares de Punta Umbría». De este modo, añade Sánchez Rufo, «se mejorarían las condiciones laborales, tanto del personal laboral fijo de la Junta de Andalucía que durante la mitad del año se reubica en otros centros públicos, como del resto que van a engrosar las listas del paro».
Sánchez Rufo explica que lo “lógico” sería que las labores que habitualmente realiza la plantilla de esta residencia las puedan seguir desempeñando con el nuevo uso para acoger a menores inmigrantes, haciendo para ello que la Junta de Andalucía «habilite los mecanismos de contratación del personal especializado necesario para la atención a menores que van a alojarse en dicha residencia».
Sánchez Rufo denuncia que “una vez más se demuestra que cuando la Junta de Andalucía tiene que elegir entre empleo público de calidad o privatizaciones y precariedad, se queda con lo segundo, perjudicando los derechos laborales de las plantillas”.
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