El juez cita a declarar a ocho cargos públicos por vertidos de aguas fecales en Isla Cristina

Considera que la entrada de aguas residuales se habría realizado sin ningún tipo de depuración y de forma continuada

Marismas de Isla Cristina

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha citado a declarar como investigadas a ocho cargos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, el Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional, el Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico, y de Giahsa, por el vertido de aguas residuales y fecales a las Marismas de Isla Cristina, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Estas declaraciones de enmarcan en la causa abierta por el vertido que se viene realizando durante años en el paraje protegido de las Marismas de Isla Cristina, procedentes de la barriada ‘Pozo del Camino’, explica el TSJA.

Tras los informes remitidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología, el juez considera que existen indicios, en el estado actual del procedimiento, de que la entrada de aguas residuales urbanas se habría estado realizando sin ningún tipo de depuración y de forma continuada, provocando un importante daño a la calidad de las aguas y un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

Los ocho investigados deberán prestar declaración en la primera semana del mes de noviembre. Se trata de dos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuatro de Giahsa, uno del Servicio de Calidad y Dominio Público Hidráulico Regional, y uno del Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó en julio a España a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y entre las ciudades y urbanizaciones infractoras, se encontraba Isla Cristina y Matalascañas. A los 12 millones, hay que sumar 11 millones adicionales por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a las necesarias actuaciones de tratamiento de vertidos de aguas residuales en los términos del mandato de la sentencia.

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