UGT, Acaip, CCOO y CSIF, los sindicatos mayoritarios en el Centro Penitenciario de Huelva, han protagonizado este lunes una concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva para «denunciar la gestión» que por parte del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se está realizando de la situación de «conflicto colectivo» que afecta a los trabajadores penitenciarios.
Los sindicatos han celebrado esta concentración tras las «falsas promesas» en sede parlamentaria realizadas por el ministro, la retirada de una propuesta de la propia administración y la celebración de la primera huelga de prisiones, según señalan los sindicatos.
Las organizaciones sindicales critican que el ministro de Interior «no ha dado ningún atisbo de querer solucionar este conflicto, sino más bien al contrario, enconarlo más si cabe con el reparto de unas cantidades indecentes por los servicios prestados en los días de huelga, o estableciendo concurso de traslados con baremos injustos y cambiantes provocando una gran inseguridad jurídica en los trabajadores».
Los sindicatos avisan de que todas estas circunstancias «sirven para reforzar el ánimo y el compromiso de conseguir los objetivos marcados por nuestro colectivo», entre los que figuran la «dignificación» de la labor diaria de los trabajadores en los centros penitenciarios de todo el país.
Los sindicatos lamentan que Instituciones Penitenciarias «no realiza una actividad de publicidad de la labor difícil de los trabajadores penitenciarios a través de redes sociales, por ejemplo». Además, instan a Interior a resolver la «falta de personal» en prisiones, pues alertan de que, en Huelva, se da un déficit de 50 empleados penitenciarios. De igual modo, critican que no se resuelva tampoco «el problema alarmante en la cobertura urgente de personal sanitario» en el centro penitenciario onubense.
Formación y agentes de la autoridad
También reclaman «fomentar una formación eficaz y adecuada al difícil trabajo» realizado a diario por estos profesionales «a través de una escuela de estudios penitenciarios», así como «mecanismos eficaces y reales que prevengan las agresiones» que sufren «a diario los empleados penitenciarios de todo el país».
Los sindicatos reivindican además la figura jurídica de «agentes de la autoridad» como «instrumento fundamental para evitar agresiones de los trabajadores penitenciarios, aumentando el castigo penal a los responsables de las agresiones a los trabajadores penitenciarios tanto dentro como fuera de nuestra actividad profesional».
Entre sus reivindicaciones, también se incluyen mejoras retributivas «acordes a la realizadas por este Gobierno a colectivos también del Ministerio de Interior», y argumentan que «la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores penitenciarios durante los últimos años hace que se haga necesario que se reduzca la brecha salarial con respecto a trabajadores penitenciarios de comunidades autónomas que tienen competencias en prisiones».
Según los sindicatos, «a pesar de que ha habido, y las hay, iniciativas legislativas en busca de recuperar esa pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que no se ha materializado todavía, sobre todo porque el Gobierno no ha puesto de su parte en solucionar este conflicto colectivo».
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