La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha elevado un informe al Consejo de Gobierno sobre la situación del sector de la chirla en el Golfo de Cádiz en el que ha informado que va a trabajar de la mano del sector para adoptar un Plan de Gestión que asegure la sostenibilidad económica a largo plazo de la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz, sobre las bases del asesoramiento científico, del conocimiento y de la experiencia de los propios pescadores.
La Administración analizará con las cofradías de pescadores y asociaciones de armadores aspectos técnicos como los horarios de pesca, topes de capturas o descansos biológicos para alcanzar el mayor consenso y contar con un plan que asegure un futuro de estabilidad y rentabilidad para el sector.
En los puertos pesqueros situados entre Ayamonte y Sanlúcar de Barrameda tienen su base un total de 96 embarcaciones que se dedican de forma exclusiva a la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz. Después de un amarre forzoso de la flota desde enero a septiembre de 2018, el caladero se abrió el 1 de octubre con una limitación de capturas de 1.100 toneladas del 1 de octubre al 1 de febrero de 2019. Una vez alcanzado el 90 por ciento, la normativa obligaba a un cierre preventivo para comprobar las capturas reales. Además, se incluía en el acuerdo una veda anual de dos meses para la recuperación de la chirla entre los meses de mayo y junio.
La intervención de la Consejería, a través de una resolución de la Dirección General publicada en BOJA, permitió que la flota siguiese faenando más allá del 1 de febrero, a pesar de los condicionantes antes referidos. Además, se atendió la petición unánime del sector, pasando de 1.100 a 1.300 toneladas el tope de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), teniendo en cuenta los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía, de la Inspección Pesquera y de los servicios de inspección control y seguimiento efectuados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa), como base para aumentar el tope de capturas.
De esta forma, se ha dado un respiro a la flota para que pueda trabajar hasta acercarse la veda establecida para mayo y junio. La Consejería, además, ha optado por retirar el cierre obligatorio cuando se alcance el 90 por ciento del cupo, pasando a ser opcional.
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