El Ministerio de Fomento, según anuncia este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha licitado un contrato para redactar proyectos de diferentes actuaciones de conservación en la Red de Carreteras del Estado en Andalucía, Extremadura y Murcia con un presupuesto de licitación que asciende a 3,11 millones de euros y que incluye a Huelva.
El objeto del contrato es la prestación de servicios para la redacción de los proyectos de trazado y de construcción de obras de conservación clasificadas por las siguientes tipologías: rehabilitación superficial o estructural de firmes; mejora de la seguridad vial, aumentos de capacidad (ampliación de número de carriles y duplicaciones) y mejora de la conectividad; e instalación, reposición, reparación o mejora de elementos de la carretera (señalización vertical, marcas viales, balizamiento y sistemas de contención).
Asímismo, el contrato se ha dividido en cuatro lotes para dar servicio a cuaro Demarcaciones de Carreteras del Estado. El primer lote hace referencia a Andalucía Occidental (que recoge las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva), con un presupuesto de licitación de 850.000 euros. El segundo lote corresponde a Andalucía Oriental (que recoge las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería), con un presupuesto de licitación de 850.000 euros.
El tercer apartado incluye a Extremadura, con un presupuesto de licitación de 710.000 euros y el cuarto y último a Murcia, con un presupuesto de licitación de 710.000 euros.
Características técnicas
El adecuado mantenimiento de las carreteras exige la licitación y realización de obras de conservación adicionales a las actuaciones realizadas con los contratos de conservación y explotación por sectores en los que se divide la Red de Carreteras del Estado.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público exige para poder licitar un contrato de obras la elaboración de un proyecto en el que se basen las mismas.
La redacción de proyectos de obras de conservación es una actividad laboriosa, prolija y de carácter especializado, debido a su propia complejidad técnica y extensión, a la creciente regulación normativa tanto legal como técnica aplicable a los proyectos, y por último a la calidad final exigida a los mismos durante su supervisión.
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