El PSOE ha presentado un total de 275 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año, por un importe de más de 900 millones de euros. De ellas, 27 enmiendas corresponden a la provincia de Huelva más otras tantas comunes, ya que, a juicio de los socialistas, estas cuentas «no dan respuesta a los grandes proyectos que Huelva necesita».
La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva María Márquez ha señalado que en el presupuesto provincializado echan de menos «las partidas nominativas de proyectos concretos y necesarios», por lo que estima que son unas cuentas «amputadas antes los grandes proyectos de la provincia que, en la mayoría de los casos, son compromiso del Gobierno anterior».
Márquez ha lamentado que el Gobierno destine a la educación una partida de 3,9 millones de euros cuando el nuevo colegio público Nuevo Ensanche, en Pescadería, «tiene cinco millones de presupuesto». Además, ha señalado que son necesarias obras en otros centros de la provincia, así como en el IES La Rábida
Por otro lado, en materia judicial ve insuficiente la partida de 20.000 euros destinada a la mejora de la sede de Ayamonte.
Otras de las enmiendas han ido dirigida al anillo hídrico de la provincia, a cuatro depuradoras urgentes, a los Chares de La Sierra y del Condado y para el centro de salud Marismas del Odiel. El carril bici, el arreglo de carreteras como la A-483, la A-5300 o la A-495, un aumento para los asuntos relacionados con la Ley de Memoria Histórica, para el Museo Provincial y para las obras del edificio de Hacienda, son otros de los proyectos para los que los socialistas han presentado estas enmiendas que, a su juicio, «vienen a dar sentido a estas cuentas planteadas por la derecha».
Márquez ha puntualizado que el presupuesto regional supone una «involución democrática, social y ética», sobre todo, tras la incorporación de los 34 puntos acordados con Vox. «Son unos presupuestos dañinos y antisociales, que abren la puerta a la privatización de servicios públicos cuando han dicho que sobran 9.000 empleados públicos», ha manifestado.
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