La ministra Teresa Ribera califica de una “gran irresponsabilidad” las palabras de Fernández sobre los pozos ilegales

El Gobierno pide al Partido Popular que no obstaculice el cumplimiento de la ley

Sellado de pozos

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado de “gran irresponsabilidad” las declaraciones del vicepresidente del PP en Huelva y exalcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, en relación al cierre de los pozos ilegales en el entorno de Doñana por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Y es que al Gobierno no le han gustado nada las manifestaciones de Fernández en las que “anima” a los agricultores de la comarca de Doñana en sus movilizaciones contra el cierre de pozos ilegales por parte de la CHG. Así, la ministra ha publicado un Twitter en su cuenta en donde señala que “animar a mantenerse en la ilegalidad y atacar a quien defiende los bienes públicos es una gran irresponsabilidad y la peor manera de afrontar problemas. Actuaremos para hacer cumplir las normas. Permanecemos abiertos a ayudar a quien lo necesite, siempre dentro de la ley”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha pedido la colaboración del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y presidente del PP, para que “llame al camino de la legalidad” a los miembros de su partido que “están promoviendo el incumplimiento de sentencia judicial” que obliga al cierre de pozos ilegales en el entorno de Doñana.

Lucrecio Fernández considera las palabras del vicepresidente de los populares “un acto de irresponsabilidad que no es de recibo en un partido de Gobierno que debe velar por la garantía del Estado de Derecho, ya que suponen, de facto, una obstaculización a la Justicia ante la obligación de ejecutar una sentencia del TSJA, toda vez que la Unesco ha advertido que vigilará de cerca lo que ocurra en Doñana durante los dos próximos años”.

“Para el Gobierno este es un asunto de Estado que tiene la prioridad de conservación de este Parque Nacional, el humedal más importante de Europa y una de las grandes joyas de la naturaleza española”, ha señalado el delegado del Gobierno en Andalucía. En este sentido, ha dicho que “el Gobierno es claro” y advierte que “no va a haber tregua para las prácticas ilegales”, que “es la mejor defensa del sector agrícola de Huelva que cumplen con la legalidad y para el prestigio de los frutos rojos onubenses en Europa”.

Colaboración entre administraciones

El delegado apela a la necesidad de colaboración entre las administraciones competentes. La Junta de Andalucía es la que ordena el “Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana”, el territorio y su superficie regable. Este plan, aprobado en 2014, configura un modelo de ordenación territorial que permite el desarrollo sostenible de este entorno en virtud de la ordenación de los regadíos, el control del recurso, la conectividad ecológica y la protección del paisaje. 

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica está intensificando las acciones para proteger las masas de aguas subterráneas del entorno de Doñana. Con carácter general, se están revisando todos los montes públicos de ayuntamientos, así como las explotaciones que causan mayor afección al medio ambiente por uso ilegal del agua. Esta vigilancia y control se está desarrollando tanto a pie, sobre el terreno, como mediante la teledetección de la superficie agrícola. 

“Seguiremos trabajando para reducir la presión sobre los acuíferos y cerrar los pozos, aunque hay que marcar la línea divisoria entre la actividad agraria regulada y amparada en derechos concesionales, de las prácticas ilegales que, además de afectar gravemente al equilibrio ecológico y la sostenibilidad de los recursos hídricos, distorsionan la propia estabilidad de los mercados agrarios” ha argumentado Fernández.

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