La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en el Pleno del Parlamento sobre la intención del Gobierno andaluz de modificar la regulación de la Renta Mínima y priorizar a las familias con hijos menores de edad a su cargo con el fin de combatir la pobreza infantil, “dado que está constatado que la pobreza se hereda”. En este sentido, ha reiterado el compromiso de la Junta con la reducción de la brecha social, “no en vano, Andalucía está encabezando la implantación territorial de la Agenda 2030, cuyo primer propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo constituye el fin de la pobreza”.
En base a las conclusiones que se extraigan de la evaluación que la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía está realizando del primer año en vigor del Decreto-Ley de la Renta Mínima de Inserción Social, que estará disponible en las próximas semanas, Rocío Ruiz ha anunciado su modificación “para hacer esta prestación más accesible, posibilitar mayor cobertura y dotarla de mayor agilidad administrativa”.
Así y mientras tanto, se ha previsto una partida de 142 millones de euros para el año 2020 que se desglosa en 134,7 millones para la concesión de ayudas a las familias, 7,7 para reforzar los servicios sociales comunitarios, 320.690 euros para desarrollar avances informáticos y 95.352 para la realización de horas extraordinarias en las Delegaciones Territoriales mientras se adecua la plantilla a las necesidades reales a través de la Relación de Puestos de Trabajo.
Por otra parte, ha recordado la puesta en marcha de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS)’, en 95 puntos de Andalucía, por una cuantía de 169 millones de euros en cuatro años. Así como la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía, que focalizará los recursos en quienes más los necesitan; y el impulso a la Alianza para la Lucha contra la Pobreza Infantil en Andalucía, dotado con 11,8 millones de euros para la concesión de ayudas económicas a las familias.
Asimismo, la consejera ha recordado que el Gobierno de España no está ejerciendo su responsabilidad, por lo que Comunidades Autónomas como Andalucía “estamos asumiendo subsidiariamente esta obligación del Estado” a pesar de la aprobación este año de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que apuesta por poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital a las personas en situación de necesidad.
En total, ha sido casi 3 millones de euros la bajada de financiación por el Estado en la lucha contra la pobreza infantil, “que nos ha llevado a hacer un esfuerzo, incrementando los recursos propios. Por una cuestión de justicia social y por un futuro mejor para nuestra tierra”, ha señalado Ruiz.
Finalmente, la consejera ha abogado por hacer un “frente común” contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía, “a la que debemos combatir desde diversos frentes como el económico, el empleo, la educación, la vivienda, los servicios sociales y la garantía de ingresos mínimos, entre otros”. Así como por una intervención coordinada e integral de las diferentes Administraciones Públicas, “sobre todo, de la Administración General del Estado, los distintos departamentos de la Administración en conjunción y el consenso de la sociedad civil”.
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