El Supremo confirma el nepotismo del PSOE y pone de relieve el trato de favor a Paula, la hija de Manuel Chaves. La sentencia del TS anula los derechos mineros concedidos a la compañía de explotación minera Minas de Aguas Teñidas SA en Huelva. La Junta de Andalucía socialista habría hecho un traje a medida, es decir, un concurso público que fue favorable a la empresa en la que trabajaba, y sigue haciéndolo aún, la hija del expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves.
Lo efectuado entonces es una trampa que supone una práctica habitual e histórica en la corrupción del PSOE en Andalucía. Se convocaron los requisitos para la adjudicación y cuando se presentaron todas las ofertas de las entidades adjudicatarias, y el Gobierno decidió a posteriori cambiar las exigencias por otras nuevas.
Por ello, el TS ha considerado ilegal el concurso público ya que no se pueden crear criterios nuevos sacados de la manga después de que se hayan señalado las bases de presentación. Esto sería una forma descarada de privilegiar y sin ocultar llevada a cabo por el Gobierno de Susana Díaz en 2014 a través de la Consejería de Hacienda con María Jesús Montero al frente, la actual ministra de Hacienda en funciones.
El asunto de las trampas venía de lejos. Minas de Aguas Teñidas SA resurgió de las cenizas en 2007, justo en el momento en el que es fichada Paula Chaves Iborra, de estar pasando penurias a ir todo de perlas para la compañía de explotación de minas onubenses, fue todo una. El Gobierno andaluz socialista se volcó de lleno en la empresa en la que empezó a trabajar como directiva la hija de Chaves; tanto que recibió una millonada publicada en el BOE en 2009.
El TSJA instó a que MATSA devolviera la subvención a fondo perdido concedida en 2009 por Manuel Cháves de 10,1 millones de euros, al expresidente no le tembló el pulso para firmar el documento pese a que el PP denunció los hechos recordándole que estaba prevaricando e incumpliendo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
A pesar del escándalo que suscitó que Paula Chaves Iborra, apoderada de la empresa minera, recibiera diez millones de euros, el PSOE ni se inmutó. La hija del exmandatario recibió el dinero público con la firma de papá aprobándolo, y no pasó nada de nada.
Manuel Chaves se fue de rositas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, rechazó a abrir expediente sancionador contra su amigo Chaves, tal y como le indicaba el TSJA. Así las cosas, Minas de Aguas Teñidas prosiguió con su actividad como si nada. Y le tocó el turno a Susana Díaz, quien siguió la misma tónica de los gobiernos anteriores: así, con la ayuda de la exconsejera de Hacienda andaluza María Jesús Montero, otorgó privilegios y concesiones de forma arbitraria a la hija del expresidente de la Junta del PSOE. Desde 2007 hasta 2017, se da carta blanca a los permisos y licitaciones a la empresa condenada por el Tribunal Supremo.
Hasta el momento MATSA ha evitado pronunciarse y tampoco lo ha hecho Paula Chaves que sigue figurando como una de las directivas de la empresa minera.
La respuesta del actual consejero de Hacienda de la Junta
Ante casos tan flagrantes de nepotismo, Juan Bravo, actual consejero de Hacienda, Industria y Energía del gobierno de la Junta de Andalucía espera que «esto no vuelva a repetirse nunca más».
Ayer precisamente, Juan Bravo, aseguraba, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma una anterior del TSJA que anula la adjudicación de los derechos mineros de Puebla de Guzmán y Paymogo (Huelva) a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), que «no hemos recibido la sentencia, aunque ha abogado por su ejecución en los términos en que se planteen. Bravo ha reclamado «transparencia y seguridad jurídica como principios rectores para la política minera, así como ha reclamado que estos procesos judiciales nunca más se vuelvan a producir en Andalucía».
Bravo, que hizo estas declaraciones antes de participar en la inauguración de la jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público, comentó que serán los anteriores gestores del Gobierno andaluz quienes tendrán que dar respuestas sobre el proceso de adjudicación, aunque ha indicado que habrá que insistir en el cumplimiento de la sentencia en los términos en que los tribunales digan.
Después puso el acento sobre el potencial enorme de la minería, sobre su relevancia desde el punto de vista del empleo al indicar que existen «43.000 personas vinculadas al sector de la minería», por lo que ha apelado a que «la gente vea que existe la posibilidad de invertir en Andalucía«. «No podemos poner en riesgo un sector que genera riqueza, empleo y cuidados ambientales», ha apostillado Bravo.
Bravo insiustió en «la máxima transparencia y la máxima visibilidad», que ha extendido al proceso de elaboración del Presupuesto de Andalucía, como la fórmula para contrarrestar la controversia jurídica en torno a la adjudicación de los derechos mineros, punto en el que ha defendido «la simplificación de trabas administrativas en que trabaja el actual Gobierno andaluz».
Finalmente lamentó que «funcionarios se hayan visto en los juzgados por participar en una mesa de contratación» y ha abogado en este sentido por la existencia de «unos protocolos que contribuyan a que los funcionarios trabajen con seguridad», de manera «que sean los responsables políticos los obligados a comparecer en caso de que los tribunales exijan un esclarecimiento de los criterios de la concesión administrativa».
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