Tras la exitosa concentración celebrada ayer en Sevilla (en el marco de la campaña “PSOE, venid y pagad”) para exigir al PSOE que devuelva el dinero defraudado en el caso ERE, el Grupo Municipal VOX Huelva pedirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento capitalino formule su “más enérgica reprobación y repulsa” por los delitos objeto de la condena a altos cargos del PSOE en el ejercicio de sus tareas en la Junta de Andalucía, manifestando su “más firme compromiso por la lucha contra la corrupción”.
Así lo explica la concejal Rocío Pérez de Ayala, después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla publicase el 19 de noviembre la sentencia conocida como «pieza política» de la causa judicial sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por la que condena al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.
En total, 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta acusados han sido condenados, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías a nueve años de inhabilitación por prevaricación. También han sido condenados a prisión e inhabilitación el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo por prevaricación y malversación.
Tal y como recuerda Pérez de Ayala, dicha sentencia sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales determina que los expresidentes de la Junta eran en cada uno de los casos plenamente conscientes de la “palmaria y patente ilegalidad de los actos en que participaron”.
Así, el fallo apunta, en el caso de Griñán, que la presupuestación de gastos ficticios, en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».
En el caso de Chaves, señala la Audiencia que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009. Asimismo, le atribuye que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento», circunstancia que le lleva a concluir que «conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA”.
“Desde nuestro grupo queremos resaltar la trascendencia que esta sentencia ha tenido para Huelva y para un gran número de onubenses, que se han visto perjudicados por los efectos adversos de este fraude que ha supuesto desviar para el beneficio político del PSOE y el lucro económico de personas muy próximas al mismo, una cantidad en torno a 680 millones de euros, que deberían de haber sido destinados para beneficio de los desempleados andaluces”, afirma la edil. No en vano, en sus palabras, “este fraude se considera el mayor caso de corrupción de nuestra democracia”.
Por todo ello, además, el Grupo Municipal VOX pedirá al Pleno que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a “que inicie de inmediato la acción civil” en defensa del daño causado a los andaluces y a que reclame las cantidades que fueron objeto de subvención y ayudas sin control legal alguno en la persona de sus responsables, según se referencia en la Sentencia 490/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Del mismo modo, la moción planteada por VOX también pretende que el Pleno muestre su “respaldo a y agradecimiento por los servicios prestados a la patria” por parte de la jueza instructora del procedimiento, Doña Mercedes Carmen Ayala Rodríguez.
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