La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA Andalucía), ha mantenido un encuentro con el PSOE andaluz, para transmitirle las reivindicaciones del sector agrario. Varios representantes de la Ejecutiva regional de UPA se han reunido con Antonio Pradas Torres, secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca de la Ejecutiva regional; Rodrigo Sánchez Haro, actual parlamentario por Almería, y consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del anterior Gobierno de la Junta; y Gerardo Sánchez Escudero, también parlamentario por Granada.
Y es que el sector agrario español, y en concreto el andaluz, lleva mucho tiempo en una situación crítica y generalizada de bajos precios en origen y otra serie de problemas estructurales, que está poniendo en serio peligro su continuidad. Y no hablamos de algo baladí, sino de una actividad estratégica para nuestra economía regional, que contribuye con el 8% al PIB y genera el 10% del empleo. De los casi 800 municipios que conforman Andalucía, gran parte de ellos dependen directamente del campo, la ganadería o la pesca. Solo nuestra comunidad autónoma aporta al conjunto español el 25% del valor de la producción nacional agraria, y el 33% del valor añadido. Y en cuanto al valor de las exportaciones andaluzas, superan los 10.000 millones de euros. En definitiva, es un tejido productivo potente y diverso donde, además, el desarrollo de una agricultura familiar es vital para la ordenación y cohesión de las poblaciones rurales, y el mantenimiento de nuestro paisaje y la biodiversidad.
Pero, a pesar de la relevancia de su labor, nuestros agricultores y ganaderos vienen sufriendo graves desequilibrios y prácticas abusivas en la cadena de valor, percibiendo precios por debajo de los costes de producción. Hace mucho tiempo que el sector está denunciando esta situación, reclamando medidas, y aportando soluciones factibles para revertirla. Éstas son las propuestas prioritarias que UPA Andalucía ha elaborado para que el sector agrario andaluz sea fuente de riqueza y desarrollo, y no de desigualdad y abandono. El secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos, se las ha trasladado a la agrupación socialista, para que sean tomadas en cuenta y se eleven también al Gobierno central:
- Dignificación, apoyo y fomento a la agricultura y ganadería familiar: apuesta e impulso decididos por este modelo de agricultura y ganadería familiar, un modelo que representa más del 80% de los agricultores y ganaderos andaluces, siendo el más social y sostenible. Este modelo proporciona alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, garantiza la supervivencia del mundo rural creando riqueza y fijando la población al territorio, y preserva el medio ambiente, haciéndolo más sostenible y mitigando el cambio climático al ser sumideros netos de CO₂.
- Regulación de los mercados. desde UPA Andalucía quieren resaltar el problema de los precios. La creciente globalización, la especulación en los mercados y la competencia desleal con terceros países (entre otros motivos), hace que agricultores y ganaderos perciban por sus productos precios por debajo de lo que les cuesta producirlos. Esta regulación debe ser llevada a cabo desde todos los estamentos públicos, desde Europa, pasando por el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía:
- UE: debe permitirse la autorregulación del mercado con carácter obligatorio para todo el sector a través de extensión de norma y revisión completa del sistema de almacenamiento privado, con un presupuesto garantizado y transparente.
- Ministerio de Agricultura: es preciso modificar la Ley de la Cadena para incluir dentro de las prácticas prohibidas la venta a pérdidas o incluir la figura del mediador en la negociación de contratos que afecten a productos frescos. Las medidas sancionadoras deberían ser públicas y dictarse en un plazo de tiempo muy corto para que tengan carácter ejemplarizante.
- Junta de Andalucía: desde UPA Andalucía reclaman que se vertebren medidas y ayudas que fomenten la concentración de la oferta en el sector primario para ganar dimensión y fuerza en la conformación de los precios, frente a la industria y la comercialización, y eliminar las desigualdades existentes a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, se deben fomentar la promoción de productos agrarios en el exterior e intensificar los controles de estos productos.
- Revisión del modelo de la aplicación de la PAC. Es preciso hacer hincapié en la necesidad de mantener una política agraria comunitaria fuerte y con un presupuesto suficiente para atender los desafíos a los que debe enfrentarse la agricultura y la ganadería en la próxima década. Las ayudas deben priorizar a las explotaciones familiares, los verdaderos profesionales del campo. Para ello, entre otras cuestiones, se debe apoyar la figura de agricultor activo, y aplicar techos de ayudas, degresividad en las ayudas, introducirse el pago redistributivo primando las primeras hectáreas, y llevar a cabo un nuevo reparto de las ayudas asociadas.
- Fomento del relevo generacional. Debemos afrontar el gravísimo problema de envejecimiento del sector agrícola y ganadero. Es fundamental aprobar políticas públicas diferenciadoras a favor de los jóvenes, que promuevan el relevo generacional en la actividad agraria, y el reconocimiento social, jurídico y económico de la juventud dentro del sector agrario, además de establecer las condiciones para que los jóvenes agricultores puedan emprender su actividad.
- Acuerdos Preferenciales con terceros países. La política exterior de la UE, tiene como principal objetivo abrir los mercados, poniendo siempre como moneda de cambio el sector agrario europeo. Mientras que otros sectores se ven favorecidos por acuerdos que permiten las exportaciones comunitarias, las producciones agrarias tienen que soportar incrementos desproporcionados de importaciones procedentes de terceros países, cuyas normas de producción permiten su llegada a la UE a precios extremadamente bajos. Hay que ejercer mayor control de los contingentes y de las fechas de entrada. El Gobierno Español debe liderar un cambio en esta política, y en las futuras negociaciones es necesario asegurar que los productos importados por la UE cumplen los mismos requisitos de calidad, seguridad y respeto a los derechos de los trabajadores que los requeridos en la producción en el seno de la UE. A su vez, los contingentes deben de ser revisados debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
- El cambio climático. Andalucía va a ser uno de los territorios más afectados por el cambio climático, y nuestra agricultura y ganadería sufrirán gravemente las consecuencias debido a la latitud geográfica en la que nos encontramos. Es preciso desarrollar medidas que reduzcan nuestra contribución a la emisión de gases de efecto invernadero e implementar otras, con el objetivo de mitigar los efectos de dicho cambio climático. Si no nos preparamos las consecuencias pueden ser devastadoras. Urge la aplicación de un Plan de adaptación al cambio climático para el sector agrario. Para ello, hace imprescindible la aprobación y desarrollo de una Ley de cambio climático y transición energética, con una Estrategia paralela de transición justa, en la cual se incluya a sectores vulnerables tales como la agricultura familiar. Apostamos también por el fomento y desarrollo de energías renovables.
- Recursos hídricos. Es necesaria una planificación hidrológica en el ámbito de todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución nacional de los recursos y el fomento del ahorro en el uso del agua a través del fomento de la modernización de regadíos. Rechazo al mercado del agua a través de los contratos de cesión de derechos de uso del agua, ya que en la asignación de recursos no deben primar criterios de mercado sino sobre todo criterios sociales y de uso del territorio. Frente a ello se deben fomentar los “bancos públicos del agua”, de tal manera que sirvan de instrumentos para reasignar el agua con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
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