Opinión



Consumo realizará más de 200 controles sobre la información ofrecida en la compraventa y arrendamiento de viviendas

Las actuaciones se centrarán especialmente en las viviendas propiedad de bancos y cajas de ahorro

Los controles estarán dirigidos a inspeccionar a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está desarrollando una campaña de inspección sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas. En total, está previsto realizar al menos 208 controles en todas las provincias andaluzas, con el objetivo de verificar que la información que se ofrece a las personas interesadas en la compra o el alquiler de las viviendas es la requerida por la normativa en vigor.

Los controles estarán dirigidos a inspeccionar a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas, independientemente de que se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas. Las actuaciones se están realizando mayoritariamente sobre viviendas propiedad de bancos y cajas de ahorro.

Esta campaña de inspección permite a los Servicios de Consumo conocer la situación del sector, analizar su evolución, y las características de las ofertas, promociones y publicidad que en materia de compraventa y arrendamiento de viviendas se están llevando a cabo en Andalucía.

Asimismo, se verifica el cumplimiento de la normativa en cuanto a la información que se le facilita a las personas consumidoras sobre la vivienda, como datos generales y concretos de la vivienda objeto de venta, precio, condiciones de pago, garantías de las cantidades entregadas a cuenta en viviendas que no se encuentren totalmente terminadas, responsabilidades y garantías de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, etc. En esta línea, se comprueba que se pone a disposición de las personas interesadas el denominado Documento Informativo Abreviado (DIA) con la información requerida.

Por otra parte, se comprueba la existencia de modelos contractuales por parte de las personas o entidades intermediarias, y se controla que el contenido de los contratos firmados se ajusta a las exigencias de la normativa, y que están redactados de forma clara y sencilla. Igualmente, se verifica que el bien que se pretende vender corresponde efectivamente a la oferta que se está realizando, así como que la coincidencia de sus características se refleja debidamente en la información previa y en los contratos de compraventa. Además, el personal inspector de la Junta de Andalucía comprueba que en el caso de las viviendas en proyecto o en construcción donde se recogen cantidades a cuenta existen avales individuales para cada persona compradora.

También se realizan actuaciones encaminadas a comprobar si se pone a disposición de las personas compradoras o usuarias de los edificios el certificado de eficiencia energética obligatorio en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio o unidad del edificio.

Por último, se revisa la relación contractual entre la persona propietaria del inmueble, cuando sea un consumidor o consumidora, y la empresa de intermediación a la que solicite asesoramiento y búsqueda de potenciales personas interesadas en la compra o alquiler, para lo que se revisan las conocidas habitualmente como “notas de encargo”, “contratos de gestión”, “autorización de venta”, o similares, en especial, en lo relacionado con las cláusulas de exclusividad.

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.

 

 

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