España permitirá ayudas en la próxima Política Agrícola Común (PAC) por encima del límite de los 60.000 euros, tal y como propone la Comisión Europea, y se podrán elevar hasta los 100.000 euros siempre condicionadas a los gastos dedicados a la creación de mano de obra, con el fin de primar que esta línea de ayudas permita aumentar el empleo en el campo.
Así lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su comparecencia ante la comisión en el Congreso, donde ha ido a explicar las líneas generales de la política que llevará a cabo en su departamento.
El ministro ha compartido «con orgullo» la posición defendida en las negociaciones la pasada semana para el nuevo reparto de los fondos de la PAC, pues considera que el Gobierno defendió «firmemente los intereses nacionales» con la PAC y los fondos de cohesión como «dos prioridades nacionales».
Declaración digital de las ayudas
El reconocimiento de estas ayudas vendrá a partir de la definición de ‘agriculturo genuino’ o, como ha preferido llamarle Planas, el «agricultor real» que tiene como «actividad principal la producción agrícola. No obstante ha reconocido la diversidad de este trabajo en España.
Ha indicado que esperan simplificar la tramitación administrativa de las ayudas para los perceptores de menores cantidades, pero que, en todo caso, la intención del Gobierno es lograr que las declaraciones de estas ayudas puedan efectuarse en 2024 o 2025, como el IRPF, de un modo electrónico y a través de dispositivos como ‘smartphone’ o ‘tablet’.
Defiende una retribución adicional para aquellas producciones que apuesten por desarrollar los ecoesquemas, una novedad en la próxima PAC, que están dirigidas a la reorientación del sector primario en la economía verde.
Planas señala que estas prácticas modernas, como la rotación del cultivo, la dedicación de una superficie mínima ‘verde’ o la agricultura de conservación, se incluirán en un catálogo de acciones obligatorias y voluntarias. «No todo el mundo tiene que inscribirse», ha dicho Planas, defendiendo esta medida para los productores que lleven a cabo actuaciones en este sentido.
Además ha solicitado a la nueva Comisión Europea una revisión del sistema de etiquetado de los productos agroalimentarios, no tanto enfocado a la seguridad, sino a la transparencia para garantizar la libertad de elección del consumidor, y que pueda escoger teniendo en cuenta quién ha producido ese producto y en qué condiciones.
Recordando que ya se aprobó una regulación similar para el sector lácteo, ha comentado Planas que se está tramitando una normativa para la miel en ese sentido, pero cree necesaria una regulación global al respecto.
Respecto a la ayuda básica a la renta, el ministro ha manifestado su intención de que sea justa y no discriminatoria, y también de revisar las 52 regiones agronómicas establecidas en la anterior PAC, abogando por tener una visión abierta para determinar si se deben mantener o no los»derechos históricos de determinados territorios.
«Hay una absoluta disonancia entre la percepción y la actividad económica actual», dice Planas que añade: «Esa revisión habrá que resetearla y ver hasta qué punto podemos plantear una reforma que tenga en cuenta y primer esa realidad productiva de agricultores y ganaderos».
Aceite de oliva
Planas también ha explicado que, con el fin de elevar los precios en el olivar, en las negociaciones en Bruselas han diseñado un mecanismo para que el propio sector del aceite, a través de las cooperativas que controlan casi un 70% de la producción, puedan tener un papel más activo en el curso de los precios y que esperan que en la próxima campaña este mecanismo esté en funcionamiento.
Ha explicado que, al igual que en el sector vinícola, el acuerdo contempla la posibilidad de que las Interprofesionales puedan retirar de determinadas categoría para elevar el precio de categorías medio y superior que, ha dicho, «tienen un mayor valor añadido en el sector del aceite de oliva».
Planas ha defendido la retirada y almacenamiento privado de la producción, apuntando que la previsión del Gobierno es que con la cuarta retirada se acerquen a las 200,000 toneladas de aceite de oliva, desde las 171.000 toneladas almacenadas hasta ahora, con el fin de «estabilizar e intentar aumentar los precios».
Finalmente, ha defendido incluir en el segundo pilar un programa sectorial para el aceite de oliva, donde ya se encuentran el vino, las frutas, las hortalizas y la apicultura, y ha asegurado que confía en mantener «plenamente la capacidad de gestión» de las comunidades autónomas en este segundo pilar, una cuestión que se encuentra negociándose para definir los reglamentos europeos de esta política.
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