El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, tal y como ha informado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha explicado que esta medida se articulará a través de una cláusula que impedirá despedir en un «elenco muy importante de supuestos».
Esta prohibición, que tendrá vigencia desde este viernes y no tendrá efectos retroactivos, se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.
«Nadie puede aprovecharse de esta crisis para despedir», ha puntualizado la ministra, que ha señalado que las empresas no deben extinguir tampoco contratos temporales, sino interrumpirlos, pues la crisis es sólo un paréntesis que acabará pasando. Al margen de esta prohibición, en caso de impugnaciones ante la Justicia, serán los tribunales los que decidan la procedencia o improcedencia de un despido. «No hay que confundir las causas de un despido con su calificación», ha indicado.
El Consejo de Ministros también ha aprobado «revisar de oficio» todos los ERTEs que se están aprobando estos días de forma que, si a posteriori se observa algún tipo de fraude, se obligará a las empresas a devolver «hasta el último céntimo de euro» del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, según ha concretado Díaz.
Todas estas medidas y otras más forman parte de un nuevo bloque de iniciativas «muy ambiciosas» de carácter social que, según ha subrayado la titular de Trabajo, «ahondan en el escudo social» frente a la crisis del Covid-19. Dentro de este bloque de medidas se ha aprobado simplificar los ERTEs a través de un formulario sencillo para su envío al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que las empresas sólo tendrán que consignar unos pocos datos (nombre de los trabajadores afectados, DNI, base reguladora de cotización y número de cuenta bancaria), que permitirá el reconocimiento de las prestaciones públicas por desempleo de manera inmediata.
«No tiene sentido despedir cuando el propio Gobierno está permitiendo los ERTEs hipersimplificados», ha insistido la titular de Trabajo.
Asimismo, el Gobierno ha acordado introducir la presunción legal de estar en alta en el desempleo para agilizar la percepción de la prestación. La ministra ha explicado que de primeras se reconocerá la prestación y, en caso de que el beneficiario tenga hijos, se le pagará el complemento correspondiente (con un hijo la prestación máxima es de 1.254 euros al mes y con dos se superan los 1.400 euros).
Preguntada por la petición de los empresarios de que se suprima la condición de mantener el empleo durante seis meses después del ERTE, Díaz ha remarcado que la legislación que regula los ERTEs exige normalmente el mantenimiento de los puestos de trabajo durante un año, mientras que ahora se pide sólo seis meses. «Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de esta enorme crisis sanitaria y hay muchas empresas que están siendo ejemplares», ha apuntado, tras pedir a todas las compañías que mantengan sus puestos de trabajo.
Cobro por prestación por desempleo
Sobre si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está colapsado y hay riesgo de que los afectados no cobren el paro el día 10 de cada mes, como es habitual, la ministra ha asegurado que se está trabajando a «destajo» y ha resaltado que a día de hoy estos trabajadores tienen todos los sistemas para desarrollar su actividad. De hecho, ha subrayado que las prestaciones públicas que se han ido reconociendo a diario se van a pagar, como siempre, el día 10 de cada mes.
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