Opinión



IU insta a una reunión urgente de las administraciones para dar respuesta al problema de los asentamientos

Un camión cisterna en un asentamiento de Lepe a principios de esta semana

Izquierda Unida en Huelva pide la celebración urgente de una reunión de las distintas administraciones (Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación provincial y ayuntamientos implicados), para que en estrecha colaboración con las ONGs que trabajan sobre el terreno pongan en marcha un plan de actuación coordinado que permita atender a la población que vive en los asentamientos chabolistas que existen en la provincia de Huelva, para “superar todos los obstáculos que, hasta ahora, impiden el acceso de estas personas a suministros vitales básicos y a contratos de trabajo en el sector agrícola”.

Se trata de más de 2.000 trabajadores del campo que “malviven en condiciones extremas”, mientras afrontan el confinamiento por el estado de alarma en los asentamientos chabolistas ubicados en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer, donde “carecen de agua, alimentos, suministro eléctrico y de unas condiciones mínimas de higiene”. En esas condiciones, asegura IU, “es muy difícil para este colectivo respetar las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno, convirtiéndose en un riesgo para su propia salud y en un potencial foco de propagación de la enfermedad”. IU demanda que es una “obligación” de las distintas administraciones “poner en marcha las medidas necesarias para la protección de los derechos de estos trabajadores y garantizarles unas condiciones de vida dignas”.

En cuanto a su situación laboral, desde IU se llama la atención de que una parte de la población temporera que vive en los asentamientos chabolistas no tiene los papeles en regla y de no ser así, “podría trabajar en el campo onubense, en el que falta mano de obra por no haber llegado al completo los contigentes de trabajadoras contratadas en origen, procedentes de Marruecos, por el cierre de las fronteras”. Por ello, añade, “se debería abordar un proceso de regularización extraordinario de estos trabajadores, como ha hecho el Gobierno de Portugal”.

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