Hoy se ha publicado en el BOE el RD de recuperación de la actividad judicial en el que «por imposición, sin diálogo, por mucho que lo quiera vender el Ministerio de Justicia, se confirma que nuevamente el Gobierno de forma totalmente deliberada, atenta contra la conciliación familiar con el plan de desconfinamiento que propone», indica DEFENDA, que considera que el RD por el que se declara hábiles para actuaciones procesales del 11 al 31 de agosto, y otras medidas incluidas que contempla son inconstitucionales ya que un Decreto no puede regular aquellas materias reservadas a la Leyes orgánicas». Por eso, DEFENDA dice que procederá a recurrirla en el caso de su convalidación por el Congreso de los Diputados.
DEFENDA considera que el Ministerio de Justicia «con total desprecio a la Abogacía de a pie» intenta imponer unas medidas para agilizar la justicia «verdaderamente vergonzosas, ya que el colapso de la justicia viene de lejos, y es imputable exclusivamente al Ministerio y a las CCAA con competencias transferidas por la nula inversión en medios materiales y humanos». La asociación dice que tales medidas están abocadas al fracaso ya que «habilitar 3 semanas de agosto, habilitar las tardes y/o retrotraer los plazos procesales desde su inicio traerá consigo el efecto contrario al que se busca, y ralentizará aún más la justicia».
«Desde DEFENDA como la Abogacía de a pie que somos reivindicamos, tanto para los operadores jurídicos como para los justiciables, la consideración y respeto debido y anunciamos que tomaremos las medidas necesarias de todo tipo e intensidad en defensa de nuestros derechos, ya que somos la Abogacía de trincheras los grandes olvidados por el Gobierno, por el CGAE y por nuestros respectivos colegios de abogados».
DEFENDA hace un llamamiento a la Abogacía, a procuradores, a graduados sociales «para que articulemos entre todos las movilizaciones necesarias para la defensa de nuestros intereses y de los justiciables».
Los funcionarios de Justicia piden conciliación y están molestos por no haber sido consultados
También los funcionarios de Justicia piden medidas de conciliación en agosto y flexibilizar los turnos de mañana y tarde y lamentan que Justicia dé a conocer su borrador de decreto de medidas urgentes para evitar el colapso sin consensuar antes con ellos.
Por ello los sindicatos y asociaciones de funcionarios de la Administración de Justicia exigen al Ministerio que dirige Juan Carlos Campo que se implanten medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar en los días de agosto que se habiliten para evitar el colapso de los juzgados y tribunales tras la pandemia por el coronavirus. También piden flexibilización entre los turnos de mañana y tarde para evitar concentraciones en la entrada y salida de los puestos de trabajo.
El Ministerio de Justicia llevará mañana al Consejo de Ministros el Real decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el que se plantean un conjunto actuaciones urgentes para la agilización de los juzgados cuando vuelva la actividad judicial, en cuyo borrador se plantea habilitar del 11 al 31 de agosto y establecer turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia para garantizar las distancias de seguridad y evitar la coincidencia de todos los trabajadores.
Piden asimismo al Ministerio medidas que garanticen la conciliación laboral y familiar para el cuidado de hijos menores y de personas a su cargo durante ese mes de agosto en el que los centros escolares están cerrados.
En cuanto a los turnos de mañana y tarde, los funcionarios no se oponen a esta medida, pero creen que para garantizar la seguridad de los trabajadores es necesario que se flexibilice la entrada y salida de los juzgados, y la limpieza y desinfección de las instalaciones entre ambos turnos para evitar contagios por coronavirus.
Desde el Ministerio han dicho que se pretende que sean los funcionarios los que escojan voluntariamente trabajar por la tarde -entre las 14.00 y las 20.00 horas-, y por ello se buscarán acuerdos con los sindicatos para arbitrar la fórmula que se utiliza para cubrir los turnos.
Los sindicatos y asociaciones consultados ven con buenos ojos esta iniciativa y muestran su disposición a negociar, pero insisten en que el Ministerio no se debería haber precipitado en aprobar el decreto sin consensuado previamente.
Al mismo tiempo, exige al Ministerio que dote de medios necesarios de protección individual a todos los trabajadores y que se realicen test fiables a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo. «No queremos promesas», advierte CSIF.
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