
La Autoridad Portuaria de Huelva señala que los locales que el sector de los exportadores de pescado y marisco vienen ocupando desde hace décadas en el Muelle de Levante, con el paso de los años y la evolución de la normativa pesquera y sanitaria, «han ido quedando obsoletos para el desarrollo de la actividad para lo que fueron diseñados». Además, indica la APH que se han extinguido los títulos de ocupación de estas instalaciones, lo que les fue notificado en tiempo y forma por parte de la APH, sin que por su parte se haya recurrido ni la autorización administrativa, ni el vencimiento de plazo de la mencionada autorización, ni por escrito, ni en ninguna de las múltiples reuniones que los técnicos de la APH y los exportadores han mantenido en los últimos meses.
Hace estas declaraciones en contestación al comunicado de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, en el que sostienen que los costes del traslado a la Ciudad del Marisco son inasumibles y que provocarían una crisis en el sector.
El Puerto por su parte dice que todas las inversiones que la APH ha autorizado por parte de estas empresas en los locales del Muelle de Levante, han sido ya amortizadas dentro de los plazos de los títulos de ocupación que han venido disfrutando y dice que «a la vista de que estos locales ya no son idóneos para la actividad, el Puerto de Huelva, consciente de la importancia de este sector para Huelva y dentro de su compromiso de apoyo al tejido empresarial, ha llevado a cabo el proyecto de la Ciudad del Marisco, dotado de unas instalaciones modernas, adaptadas a las nuevas exigencias del mercado y a la normativa actual».
El Puerto de Huelva señala en un escrito que ha ofrecido estos nuevos módulos a los exportadores por si alguno de ellos estuviese interesado en poder continuar su actividad en esta nueva infraestructura, a la vista de que ya no pueden continuar en el lugar que ocupan actualmente.
En este sentido, la APH explica que dentro de los márgenes que la ley establece, «ha realizado un gran esfuerzo aplicando los escenarios más beneficiosos de los posibles, tanto en lo que se refiere a los cálculos de la tasa de ocupación, como a la tasa de uso de instalaciones, teniendo en cuenta las posibles bonificaciones que legalmente están establecidas a estos efectos, aplicando por tanto la máxima reducción de las legalmente previstas, dado que su ámbito de actuación es favorecer las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad económica, algo que en este caso concreto se está cumpliendo con creces con esta nueva infraestructura».
Desde el Puerto argumentan que «como en cualquier concesión portuaria, las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones del puerto a su actividad, corre por cuenta de los inversores y se amortizan a lo largo del tiempo de la concesión».
Concluye el Puerto diciendo que «no es posible legalmente ningún tipo de indemnización por un título ya extinguido», y explica que por ello la Autoridad Portuaria está imposibilitada legalmente a indemnizar por algo que no procede ya que incurriría en una ilegalidad. En todo caso, la Autoridad Portuaria señala que ha ofrecido la máxima colaboración y las mejores condiciones posibles, dentro de la legalidad vigente, para su ubicación en la Ciudad del Marisco si estuviesen interesados y valora positivamente que muchos de estos empresarios hayan solicitado ya un local para ubicarse en estas nuevas instalaciones.


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