VOX, satisfecho con la petición de la Junta al Gobierno para que culmine las obras de la Presa de Alcolea

Cuya licitación ya pidió Fernández Ríos en marzo a través de una PNL en el Congreso

El diputado por Huelva exige a su vez en la proposición registrada hace más de dos meses que se inicie el proyecto de construcción del Canal de Trigueros y que se destinen las partidas plurianuales necesarias para ambas infraestructuras en los PGE

VOX Huelva se congratula de que la Junta haya propuesto al Gobierno terminar la presa de Alcolea. De hecho, el diputado de esta formación por Huelva, Tomás Fernández Ríos, registró el pasado 19 de marzo una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso en la que insta al Gobierno a licitar las obras correspondientes a la terminación de esta infraestructura, así como a  iniciar el proyecto de construcción del Canal de Trigueros y a destinar las partidas plurianuales necesarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado para ambas construcciones.

Tal y como expone el representante de la provincia onubense en la Cámara Baja, aun teniendo Huelva superávit de reservas hídricas, sufre limitaciones en el suministro al depender en un 90% de la infraestructura Chanza-Piedras-Machos, que transporta el agua recogida en la zona occidental de la cuenca del Guadiana al resto de la zona sur y oriental, donde se registra el mayor consumo tanto urbano como agrícola, industrial y turístico.

Dentro de toda esta infraestructura, cobra una especial relevancia la construcción de la Presa de Alcolea y su obra complementaria del Canal de Trigueros, fundamentales para el desarrollo de la provincia onubense y especialmente para las comarcas de la Campiña, el Andévalo Minero y el Condado.

La extensión a regar con el agua de la Presa de Alcolea se distribuye en cuatro subzonas: la Campiña Oeste con Gibraleón, Huelva y San Juan del Puerto; la Campiña Centro, con Beas, Trigueros, Niebla y Bonares; la Campiña Norte, que la forman Villarrasa, La Palma de Condado y Villalba con extensión a límites de Paterna-Manzanilla; y la Zona del Andévalo Minero con toma en el Canal de Trigueros para Valverde del Camino, norte de Trigueros, Beas y Niebla; y con tomas en palafito para Alosno, ELA Tharsis, Cerro de Andévalo, La Zarza y Calaña.

Así, tal y como recoge la PNL, el embalse “permitirá también regular el caudal del río Odiel, eliminando el riesgo de inundaciones en la cuenca baja del río (actualmente caracterizada como de nivel máximo); así como la mejora de la calidad de las aguas de todo el cauce aguas abajo, reduciendo la contaminación de las explotaciones mineras de la cuenca y mejorando el impacto en el Paraje Natural Marismas del Odiel; garantizando además el suministro para el consumo humano y usos industriales”.

Además, Fernández Ríos añade que el canal, como obra complementaria a la Presa de Alcolea, posibilitará a su vez “alimentar el denominado Anillo Hídrico de Huelva, haciendo posible liberar importantes recursos del sistema Chanza-Piedras-Machos”.

Por otra parte, la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros permitirán, con la puesta en marcha de los regadíos, reducir casi a la mitad el desempleo en los municipios beneficiados y en hasta 7 puntos el del conjunto de la provincia de Huelva, según recoge un informe del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH).

Según este informe, la construcción de ambas infraestructuras  supondrá para la provincia un valor añadido bruto de 611,2 millones de euros, lo que equivale al 7,9% de este valor y al 7,2% del PIB de la provincia. Un impacto económico muy considerable que además tendría un efecto positivo en el empleo, ya que se calcula que se crearían 17.957 puestos de trabajo, de los que más de 13.000 serían de larga duración. El resto de empleo, casi 5.000, corresponde a la fase de inversión y construcción de ambas infraestructuras. Según el Consejo Económico y Social, la tasa del paro pasaría así del 27,8% al 20,4%. Es decir, bajaría más de 7 puntos en el total de la provincia.

Por todo ello, Presa y Canal están declarados de Interés General del Estado e incluidas en el Anexo II de Inversiones de la Ley 10/2011, de 5 de julio, del Plan Hidrográfico Nacional.

De este modo, Fernández Ríos apunta que las arcas públicas también se beneficiarían de esta infraestructura, ya que “las cotizaciones a la Seguridad Social crecerían un 4,6 por ciento, que traducido en euros supondría que el Estado recibiría 47,3 millones de euros”. Más de 58 millones de euros si sumamos los impuestos indirectos que recaudaría Hacienda.

42 AÑOS DE ESPERA DESDE LA GESTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, gestado en 1978, fue definitivamente aprobado en 1988, incluyéndose en el Plan Hidrológico Nacional. La obra se adjudicó por primera vez en 2008 a una UTE liderada por la empresa Sacyr, aunque ni una sola excavadora se movió hasta el año 2012. Una vez comenzadas las obras, la empresa constructora adujo que las condiciones geotécnicas del suelo no eran las esperadas, así que de nuevo se procedió a modificar el proyecto sin costes añadidos. Proyecto que se aprobó definitivamente en 2015.

Una vez retomadas las obras y alcanzado tan solo el 20% de ejecución del proyecto, la empresa Sacyr alegó nuevos problemas técnicos que volvían a elevar el coste de la operación.

En marzo de 2017, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, decidió rescindir por completo el contrato con la empresa constructora y las obras se suspendieron. Tras la resolución del contrato a Sacyr, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a licitar las obras en octubre de 2018.

Para terminar el embalse, el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron desbloquear la financiación de los trabajos de la construcción con unas previsiones de 96,9 millones de euros. Teniendo en cuenta que en el convenio de abril de 2003 la inversión era de 73,67 millones, esto suponía un coste adicional de 23 millones, si bien había que tener en cuenta la adjudicación de la obra del Puente del Ferrocarril, que es de 8,6 millones de euros y el resultado del litigio sobre la liquidación de la UTE-Alcolea.  Así como redactar la adenda y ser aprobado el proyecto de finalización que ya disponía de todos los informes favorables.

Acuaes se comprometió a licitar las obras en octubre de 2018, pero el proyecto en los dos últimos años sigue sufriendo unas “demoras injustificadas”, debido a la indecisión y falta de voluntad política, por lo que a fecha de 18 de febrero de 2020 y tres años después de que se paralizaran las obras, Acuaes sigue sin tener entre sus licitaciones en curso la Presa de Alcolea.

Por otra parte, el 6 de marzo de 2018, el Consejo de Administración de la sociedad estatal Acuaes acordó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del Canal de Trigueros.

El contrato fue adjudicado a la U.T.E. Navier Ingeniería, S.A.- VS Ingeniería y Urbanismo, S.L.- ATTEC, S.L.U. por un importe de 1.156.954,1 euros, financiado al 50% por el Ministerio y la Junta de Andalucía

El documento adjudicado incluía los estudios de demanda y de alternativas, así como un documento de trazado; y que una vez finalizados, debía dar paso a desarrollar el proyecto de construcción de la infraestructura hidráulica, cosa que hasta la fecha tampoco ha sucedido.

El diputado por Huelva exige a su vez en la proposición registrada hace más de dos meses que se inicie el proyecto de construcción del Canal de Trigueros y que se destinen las partidas plurianuales necesarias para ambas infraestructuras en los PGE

 

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