El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) apela a la administración para que la oferta económica deje de ser el factor determinante en las adjudicaciones.
Desde hace años, CEACOP ha demandado que las adjudicaciones deben responder a una mejor relación calidad‐ precio, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, y no solo al precio como ocurre en muchas ocasiones. Especialmente en los contratos de consultoría, en los que la variable intelectual es mucho más acusada, pero también en la ejecución de las obras, ya que exigen un componente intelectual por parte de los equipos técnicos.
La presidente de CEACOP, Ana Chocano Román, ha resaltado que “la presión de que la oferta económica sea decisoria en la adjudicación de los contratos, sacrificando en ocasiones su beneficio y parte de los gastos generales”. Y ha matizado que esta situación se ve agravada en situaciones de crisis como la actual.
Desde la patronal han puesto de relieve que este problema no es solo responsabilidad de las empresas, como se ha apuntado en repetidas ocasiones por parte de algunos organismos, y recientemente en unas declaraciones de la presidente de ADIF, Isabel Pardo de Vera, sino que esta es una situación en la que tanto administración como empresas son corresponsables. “La administración no debe adjudicar contratos a ofertas anormalmente bajas, y debe regular los pliegos para que al menos la valoración de la oferta técnica tenga igual peso sino más que la oferta económica”, ha insistido la presidente de CEACOP.
Así mismo, la patronal pide a la administración que para dar más oportunidades a las pymes en la adjudicación de contratos, se hagan actuaciones de diferentes cuantías (incluyendo pequeños proyectos y obras) que permitan la concurrencia de empresas de todos los tamaños, y que los requisitos de solvencia en los pliegos se adecúen a la realidad de los trabajos a ejecutar.
CEACOP también hace un llamamiento a la responsabilidad de las empresas, para que por su parte oferten precios reales que les permita garantizar la calidad y la viabilidad del diseño o la construcción de las actuaciones, que finalmente se pondrán al servicio de la sociedad.
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