El PP exige a la alcaldesa de Almonte que retire las competencias a Espina Bejarano por el ‘Caso Asperillo’

Ayuntamiento de Almonte

El PP de Almonte ha exigido a la alcaldesa de la localidad, Rocío del Mar Castellano, que retire las competencias a José Miguel Espina Bejarano, primer teniente de alcalde y concejal de Playas del ayuntamiento fronterizo, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y 15 de inhabilitación por un presunto delito contra el Medio Ambiente y otro de prevaricación en el ‘Caso Asperillo’.

Hace ya más de una semana que Mesa de Convergencia pedía públicamente por medio de un comunicado la dimisión de Espina Bejarano. El PP hacía lo propio días antes, el 25 de junio, después de que el 23 los medios de comunicación se hicieran eco de un asunto del que “tanto la alcaldía como el concejal eran conscientes con varias fechas de antelación”, señalan los populares.

Sin embargo, Espina Bejarano, haciendo “caso omiso” del código ético de su partido, el PSOE, y de las peticiones de sus socios de Gobierno en el Consistorio almonteño, “se niega a abandonar su cargo mientras se dirimen sus responsabilidades judiciales”, algo que a juicio del PP de Almonte “afecta seriamente al funcionamiento y al propio prestigio y la integridad de la institución municipal”.

Esta opinión fue compartida por Mesa de Convergencia, formación que ostenta la Alcaldía en el pacto de Gobierno, que literalmente afirmaba en su comunicado que “el Ayuntamiento de Almonte, como máxima institución de nuestro pueblo, debe estar por encima de cualquier interés personal o partidista, por lo que no debe verse afectado por las implicaciones judiciales, políticas o de imagen que deriven de este procedimiento penal” y que “más allá de la demostración de culpabilidad o inocencia de la persona acusada”, los códigos éticos que rigen el funcionamiento de todos los partidos indican que “no es admisible mantener la representación municipal y responsabilidades de Gobierno en alguien que puede ver comprometida su dedicación, atención y compromiso por e interés general de Almonte”. Entendía por tanto Mesa de Convergencia que era “absolutamente imprescindible” la dimisión de “cualquier concejal que se vea incurso en esta situación”.

“Vaya por delante que desde el PP deseamos a José Miguel Espina Bejarano la mejor de las suertes en este proceso judicial. No se trata esto de una judicialización de la institución municipal, es decir, no hay ninguna intención de trasladar a la institución local algo que solo debe dirimirse en sede judicial. Pero sí que se trata de una cuestión de integridad política y ética que afecta muy seriamente a un Ayuntamiento que, insistimos, debe quedar totalmente al margen de proceso penal alguno y que, desde luego, no puede padecer las consecuencias de un asunto que atañe a una persona concreta”, apunta el PP.

Según los populares, los códigos éticos de los partidos políticos “se crearon precisamente para evitar que las tareas ejecutivas, imprescindibles para el buen funcionamiento de un municipio, se vieran entorpecidas o enturbiadas por los procesos judiciales que pudieran producirse”. Están, por tanto, “para ser cumplidos escrupulosamente. En el caso del PP de Almonte, este escrúpulo ha llegado al punto de tener que prescindir de un concejal que cumplía puntualmente con su labor por verse inmiscuido en un asunto que ni siquiera llegó al plano judicial, sino más bien al de la ética. Pero en aquella ocasión, y de esto hace sólo unos meses, ni el Partido Popular ni el concejal en cuestión dudaron en tomar la única medida que procedía, la dimisión, salvaguardando así el interés superior que reside en el prestigio del Ayuntamiento y de los ciudadanos a los que representa”.

Dado que para Espina Bejarano y su partido, según los populares, el código ético “parece estar sólo para que lo cumplan otros y teniendo en cuenta que se niega a acatar las peticiones de sus socios de Gobierno, Mesa de Convergencia y Partido Popular, algo que está afectando de manera muy lamentable al funcionamiento de una institución que no puede permitirse estos lujos, el PP exige a su máxima autoridad, la alcaldesa que sea consecuente con sus pronunciamientos y que retire de inmediato todas las competencias al concejal, y que preserve así, de manera firme el normal funcionamiento y el buen nombre del Ayuntamiento de Almonte que no debe verse abocado a la vergüenza de sentarse en un banquillo de los acusados”.

Para los populares almonteños, no debe pasar ni un día más en esta lamentable y bochornosa situación que está poniendo en entredicho no sólo al concejal afectado, sino a la institución municipal y a todo el equipo de Gobierno.

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