La Audiencia Provincial recibe la causa por el asesinato de Laura Luelmo y el juicio será con jurado popular

El cuerpo de Laura fue hallado en una zona de matorrales cerca de El Campillo

La Audiencia Provincial de Huelva ha recibido el procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino contra Bernardo Montoya, acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 en la localidad de El Campillo a la joven profesora Laura Luelmo, para la celebración del correspondiente juicio con jurado popular, vista oral que actualmente está pendiente de señalamiento en la Audiencia.

Bernardo Montoya fue detenido el 18 de diciembre de 2018, poco después del hallazgo del cuerpo de la profesora a las afueras de El Campillo, localidad donde residía desde hacía poco tiempo.

E Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino remitió la causa el pasado 9 de julio a la Audiencia Provincial de Huelva, procedimiento que ha correspondido por turno al magistrado de la Sección Tercera Florentino G. Ruiz Yamuza.

El pasado 17 de junio, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde del Camino dictó un auto por el que decretó la apertura de juicio oral contra el acusado, al entender que existen indicios «suficientes» de la comisión de presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato, señalando como órgano competente para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Huelva.

La juez tomó esta decisión tras recibir los escritos de conclusiones provisionales presentados por la Fiscalía; la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, y la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía. Asimismo, la instructora ha requerido al acusado para que preste una fianza de 800.000 euros al objeto de poder asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.

En este mismo auto, la juez mantiene la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, situación en la que éste se encuentra desde el día 22 de diciembre de 2018, una decisión que la instructora adopta porque considera que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su día para adoptar dicha decisión y al subsistir el riesgo de fuga «a la vista de la pena solicitada y la posibilidad de que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos de la misma naturaleza».

El Ministerio Público y las acusaciones ejercidas por la familia de la víctima y de la Junta de Andalucía solicitaron el mantenimiento de dicha medida cautelar, lo que la juez ahora acepta dando por reproducidos los argumentos expuestos en el auto de 4 de diciembre de 2020 por el que el Juzgado prorrogó la situación de prisión provisional del acusado y en las resoluciones por las que se acordaba la procedencia de dicha medida.

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