Policías de Almonte piden que se cese de las competencias de seguridad al concejal procesado

Vehículo de la Policía Local de Almonte

La Policía Local de Almonte ha pedido a la alcaldesa de la localidad, Rocío del Mar Castellano, que cese de las competencias de Seguridad Ciudadana al concejal del PSOE José Miguel Espina Bejarano, investigado y procesado por una supuesta comisión de dos delitos de prevaricación.

Y es que, lejos de dimitir o de ser cesado, la alcaldesa ha otorgado más competencias al primer teniente de alcalde y concejal procesado, entre ellas la de Seguridad Ciudadana.

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Almonte considera que el cargo del concejal es totalmente incompatible con “el conjunto de deberes profesionales que deben inspirar la totalidad de las conductas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, porque proceden de reglas éticas y de principios morales básicos” y que recoge el Código Europeo de Ética de la Policía.

Es por ello que el sindicato policial ha remitido un escrito a la regidora almonteña en el que solicita que las competencias otorgadas a Espina Bejarano sean traspasadas a otro miembro del equipo de Gobierno. A juicio del sindicato, son varios los aspectos del Código Ético Policial que pueden verse quebrantados. “Si bien, la Policía debe respetar el derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal lo juzgue culpable, consideramos que puede darse una situación antagónica sin precedentes, innecesaria además, difícil de separar y de resolver por este colectivo en cuanto a la obligación de prevenir y combatir la delincuencia cuando el máximo dirigente de esta Concejalía se encuentra precisamente procesado por la Justicia”, explica el sindicato de policías.

Por su parte, el PP ha señalado que este comunicado “viene a constatar que la situación procesal actual de quien además ha sido nombrado Concejal de Seguridad Ciudadana es totalmente incompatible con el desarrollo de su función dentro de un cuerpo que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley”, unas competencias que “no podían ser depositadas en peores manos teniendo en cuenta las circunstancias”.

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