CCOO, UGT, CEOE y Cepyme han trasladado este miércoles al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales.
El llamado ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.
Durante la reunión que ha celebrado este miércoles la mesa de reforma laboral, los agentes sociales en pleno se han opuesto a la propuesta que les había presentado previamente el Gobierno sobre el Mecanismo RED. «Le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso sólo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo», han indicado fuentes de UGT, que echan en falta un «compromiso claro» de mantenimiento del empleo para las empresas que recurran a los nuevos ERTE, cosa que, a su juicio, sí se tiene ahora en la legislación sobre los ERTE de pandemia.
El sindicato ha pedido al Gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de las organizaciones sindicales tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución. «Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido, señalan desde UGT.
Por su parte, la CEOE ha indicado que la propuesta del Gobierno es «más restrictiva, más intervencionista y más cara» para las empresas que el modelo vigente actualmente. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresaba esta mañana su «sorpresa» ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y mostraba su rechazo al documento del Gobierno.
«Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la ‘flexiseguridad’ para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar», ha dicho el presidente de la patronal.
De acuerdo con la propuesta del Gobierno, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.
El Gobierno plantea también en su documento que el Mecanismo RED tenga una duración máxima de doce meses en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas y de seis meses en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. En el supuesto del Mecanismo RED por causas estructurales podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.
Se propone además que el periodo temporal de referencia y el porcentaje de reducción de jornada sean idénticos para todos los trabajadores afectados de un mismo centro de trabajo, aunque se permiten fijar distintos porcentajes de reducción de jornada o un número distinto de días máximos de suspensión, en función de los grupos profesionales, funciones o puestos de trabajo cuando existan causas justificativas «debidamente acreditadas».
La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, según la propuesta, y mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extra, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.
Los trabajadores afectados por un Mecanismo RED tendrán derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, incompatible con prestaciones o subsidios por desempleo, pero compatible con un trabajo a tiempo parcial. El tiempo de percepción no se consideraría como consumido para la protección por desempleo, aunque no tendría la consideración de periodo cotizado.
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