El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto a sindicatos y empresarios elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 996 euros mensuales, 31 euros por encima de la cantidad actual (965 euros mensuales por catorce pagas), con efectos desde el 1 de enero, según han anunciado este lunes la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha confirmado la cifra por «respeto» a la negociación y se ha limitado a decir que la senda recomendada por los expertos se mueve en un ascenso para este año de entre 22 y 40 euros al mes. En todo caso, ha confesado que a ella le gustaría «tener un salario mínimo de 1.000 euros», como piden los sindicatos.
«Yo voy a escuchar todas las posiciones. Los sindicatos siempre quieren más y los empresarios, menos. Yo hago un poco de equilibrio entre las partes», ha explicado Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar la subida del SMI.
De hecho, la propuesta del Gobierno se sitúa en la banda media de lo recomendado por el Comité de Expertos sobre el SMI, que aconsejó una subida de entre 24 y 40 euros para este año, si bien la cantidad ofrecida por Trabajo se encuentra por debajo de los 1.000 euros que demandan los sindicatos.
Una vez realizada la propuesta, sindicatos y empresarios se darán un tiempo, hasta este miércoles, para consultar y debatir el ofrecimiento del Ministerio en sus respectivos órganos de dirección. El mismo miércoles por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará una nueva reunión, que concluirá con acuerdo o sin acuerdo, pero con una decisión que, según la vicepresidenta, se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación inmediata.
Los sindicatos han señalado que siguen demandando que el SMI llegue a 1.000 euros al mes en 2022 y han advertido de que, «se acuerde lo que se acuerde», la subida deberá aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.
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