El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Alfredo Martín, ha visitado recientemente El Cerro de Andévalo para conocer las obras que ejecuta este año el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). La Consejería que dirige Juan Marín cofinancia estas obras con 71.762,67 euros.
Martín ha recorrido junto al alcalde, Pedro José Romero, algunas de las calles del municipio en las que se está interviniendo en la pavimentación y reparación de firmes, unas obras que dan empleo a 137 vecinos de este municipio de alrededor de 2.300 habitantes.
El delegado ha defendido la importancia del PFEA para ayudar a las entidades locales a acometer obras que, “dados sus problemas de financiación, no podrían realizar solo con recursos propios y que son fundamentales para ofrecer a los habitantes del medio rural servicios y equipamientos dignos al tiempo que oportunidades laborales para fijar la población al territorio”.
Así, Martín ha subrayado la apuesta de la Junta por este programa que además “es un ejemplo de colaboración entre administraciones ya que está cofinanciado por el Gobierno andaluz, el SEPE, las Diputaciones y los ayuntamientos”.
La Consejería de Administración Local aporta este año 4,8 millones para más de 150 proyectos del PFEA que ejecutan los ayuntamientos onubenses y que generarán más de 9.300 empleos en la provincia.
“Desde la Consejería que dirige Juan Marín trabajamos por el municipalismo desde la cooperación y la lealtad institucional, escuchando a los alcaldes y alcaldesas, que son los que mejor conocen las necesidades de sus vecinos, y diseñando medidas y políticas para ayudarles a responder a esas necesidades”, ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que el actual Gobierno andaluz ha incrementado cada año la financiación incondicionada que reciben los municipios a través de la Patrica (Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma) “que llevaba congelada desde 2014”, ha reducido la deuda de la Junta con los ayuntamientos y ha aprobado un Decreto-Ley que permite a las entidades locales aplazar y fraccionar el pago de sus deudas con la Administración autonómica “para que no se queden fuera de las oportunidades que supondrán los fondos europeos Next Generation”.
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