
Unos 4.000 transportistas, según cifras de la delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado esta mañana junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para reclamar al Gobierno una reunión con el presidente de Plataforma Nacional -la organización convocante del paro-, Manuel Hernández.
Durante el transcurso de la concentración, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado que finalmente se reunirá con ellos esta tarde a las 17.00 horas, tras el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
La manifestación ha arrancado a las 10.00 horas de este viernes desde la plaza San Juan de la Cruz, apoyados por Vox, y se han desplazado hasta la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el Paseo de la Castellana, a escasos metros de distancia, tras casi dos semanas de paro ininterrumpido en el sector.
Con banderas de España y de distintas regiones del país, con bocinas, silbatos y petardos, cientos de personas se han congregado con chalecos amarillos en el punto de partida y con pancartas pidiendo la dimisión de la ministra.
En declaraciones a la prensa, Hernández ha acusado al Gobierno de haberles «criminalizado», cuando se trata de trabajadores cuyo único interés es seguir trabajando y velar por sus familias. «Nos tienen que pedir perdón», ha reclamado. «Están eludiendo el problema de fondo, no estamos pidiendo subvenciones, sino unos precios garantizados para cubrir nuestros costes de explotación».
Acuerdo con la CNTC
La concentración ha tenido lugar pese al acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), organismo que dice representar al 85% del sector, tras más de 14 horas de reunión y que supondrá ayudas por 1.000 millones de euros a los transportistas, en o que el Gobierno califica el plan «más gran de la historia» para el sector.
Entre las medidas destaca el descuento de 20 céntimos por litro de combustible; ayudas directas de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxis, VTC y ambulancia; líneas de crédito avaladas por el ICO, 20 millones de euros para facilitar el abandono de la profesión antes de los 65 años; prohibición de que la carga y descarga la hagan los camioneros; cláusula obligatoria de revisión de precios en los contratos; o la limitación a una hora del tiempo de espera durante la carga y descarga.


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