«Opinión desfavorable» de la Cámara de Cuentas por el servicio de residuos del Ayuntamiento en 2019

Fachada del Ayuntamiento de Huelva

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha emitido una «opinión desfavorable» sobre la fiscalización de cumplimiento de los ingresos por prestación del servicio municipal obligatorio de recogida y tratamiento de residuos en el Ayuntamiento de Huelva en el año 2019.

Según el informe emitido por la CCA, el Pleno de este órgano,  el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos (RTRSU) se prestaba en el municipio de Huelva de forma indirecta, mediante un contrato administrativo formalizado en 2014. Como parte de su retribución, «el concesionario percibía directamente del usuario la tasa de RTRSU, aprobada por el Ayuntamiento diez años antes de la adjudicación del contrato, y que continuaba vigente en 2019».

Las tarifas establecidas eran de carácter fijo para el caso de las viviendas, y mixto para la de locales, respecto de los que se exigía una cuota fija y una adicional variable determinada en función del volumen de residuos producidos. De acuerdo al informe, «no se ha podido verificar si la parte variable de la Tasa de locales se calculó correctamente, en función de dicho volumen de residuos; tampoco se han podido comprobar las cantidades efectivamente recaudadas, y si las mismas se ajustaban a la tarifa establecida en la ordenanza fiscal y en los correspondientes padrones».

De igual modo, explica que el Ayuntamiento «no tenía adaptado el sistema de financiación de su servicio municipal de RTRSU al régimen jurídico establecido por la LCSP e incumplía lo dispuesto en las DA primera de la LGT y cuadragésima tercera de la LCSP, así como el artículo 20.6 del TRLRHL, al tener regulado este ingreso como una tasa». Según estas disposiciones, la contraprestación que la adjudicataria del contrato administrativo percibía directamente de los usuarios «no tenía la naturaleza jurídica de tributo sino de Prestación Patrimonial Pública de carácter no tributario (PPPNT).

La Corporación «debería haber aprobado las tarifas del servicio de RTRSU mediante una ordenanza de carácter no fiscal, de acuerdo con su naturaleza no tributaria, para dar cobertura jurídica a su exigencia conforme a derecho, tal y como establece el artículo 20.6 TRLRHL y la Consulta Vinculante DGT V1024/19, de 9 de mayo».

Sin perjuicio de que este ingreso estuviera incorrectamente calificado como una tasa, en el análisis de la ordenanza fiscal que lo regula se han detectado una serie de cuestiones adicionales.

La ordenanza se modificó en 2014 al objeto de actualizar el importe de las cuotas tributarias correspondientes a la tasa de viviendas y de locales. Según el informe de la CCA, «no consta la elaboración del informe técnicoeconómico en el que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio. Según constante jurisprudencia, la ausencia o insuficiencia del estudio económico financiero conlleva la nulidad de pleno derecho del acuerdo de establecimiento o modificación de la tasa».

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la ordenanza, la cuota variable de la tasa de locales, se gestionó mediante Padrón municipal y se notificó de forma colectiva. Para poder emplear este procedimiento tributario, los parámetros fiscales empleados para la determinación de la cuota tributaria deben tener carácter fijo. Por tanto, «no se considera ajustado a derecho la práctica de este tipo de liquidaciones y notificaciones colectivas, respecto de la tasa de locales, que requiere una cuantificación individual de la cuota tributaria, por hacerse depender del volumen de residuos generado por el sujeto pasivo».

En 2019 «no se liquidaron ni practicaron notificaciones tributarias de la tasa de viviendas, ni de la cuota fija de la de locales, sino que fueron objeto de facturación por parte de una sociedad municipal», se indica en el informe, que recuerda que la falta de liquidación de un tributo constituye «un incumplimiento» de lo dispuesto en el artículo 101 LGT, y su falta de notificación «contraviene lo establecido en los artículos 102 y siguientes LGT, y en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015 y su normativa de desarrollo».

Esta sociedad municipal «no solo asumió la notificación y liquidación de la tasa, sino que también realizó funciones de gestión tributaria, tales como la llevanza y el control de las altas y bajas de los obligados al pago. Estas actuaciones se han de calificar como propias de la función de gestión tributaria», apunta el informe. En línea con lo ya comentado, la atribución a una sociedad de las funciones de gestión, liquidación y recaudación tributarias, sin participación transcendente de una Administración territorial u entidad de derecho público con competencias en la materia, contraviene la normativa tributaria según establecen los artículos 5 y 83 LGT y el artículo 8 RGR.

Adicionalmente, en la gestión de la tasa, el Ayuntamiento «no ha respetado el régimen jurídico establecido en su propia normativa local, concretamente, en la ordenanza fiscal de la tasa de RTRSU y la ordenanza fiscal general sobre gestión, inspección y recaudación». Estas disposiciones «no contemplan la posibilidad de que la función liquidatoria de una tasa quede asignada a una sociedad mercantil, ni que dicho recurso sea objeto, total o parcialmente, de facturación y no de liquidación, o que la función recaudatoria se atribuya por vía contractual a una concesionaria de servicios, con la posibilidad de que esta pueda contratar a una sociedad mercantil municipal para prestarlo
materialmente».

Por último, la CCA recomienda la adopción de determinadas medidas orientadas a «mejorar la gestión de los fondos públicos». Estas consisten en que en el marco jurídico de financiación de servicios públicos implantado por la LCSP «debería modificarse para aclarar los distintos supuestos que habilitan la exacción de una prestación patrimonial de carácter público no tributario (PPPNT) o de una tasa, particularmente en aquellos casos en los que el perceptor del ingreso es una Administración Pública; igualmente, se debería regular el régimen jurídico aplicable a la exacción de los ingresos cuando no tienen carácter tributario».

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