Altos cargos de PSOE firman un manifiesto por la «Concordia y en defensa de la transición» contra el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que el Gobierno socialista de Sánchez pretende aprobar.
En el documento, que rubrican entre otros exministros del PSOE que no han querido hacer público su nombre, afirman que «no aceptan que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica».
«Tampoco aceptamos que se considere como período sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas».
Además dicen_ «Nos preocupa que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas»,
«La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución», por eso «exigimos al Gobierno, a su Presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia».
«Los firmantes de este escrito, personas de muy distinta procedencia política, tras haber examinado el estado actual del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, en tramitación en las Cortes Generales, nos sentimos en el deber cívico de manifestar nuestra oposición a la orientación que el Proyecto ha tomado, y queremos trasladarla al Gobierno, a los legisladores y a la sociedad española», e insisten en que comparten el objetivo de reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior, «contribuir a superar las secuela de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia y apoyamos y respaldamos cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil, así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición».
Continuán diciendo en el escrito que nuestro vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran pacto constitucional de 1978, «que refrendó una amplísima mayoría de españoles». Y, es por ello, por lo que «no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el Proyecto de Ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983, etapa en la que se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, además de las correspondientes municipales y autonómicas, y el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia que permitía el enjuiciamiento de cualquier conducta que atentara contra los derechos de las personas, como ocurrió en numerosas ocasiones».
Los firmantes sostienen que les «preocupa que esa extensión se haya incorporado al Proyecto de Ley a través de una propuesta acordada expresamente con el grupo político Bildu, expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes».
Argumentan que la reconciliación fue una de las claves de la experiencia histórica de la Transición, «una experiencia compleja y no exenta de dificultades en la que los españoles quisimos superar lo que había sido un largo periodo de las dos Españas, excluyentes y enfrentadas». «Así lo hicimos y así quedó plasmado en la Constitución de 1978. Personalidades relevantes que habían pertenecido a los dos bandos de la guerra civil, con el inequívoco apoyo de una gran mayoría social, concordaron entonces el camino hacia una España democrática e integrada en un nuevo proyecto de Europa, que también influyó decisivamente en aquel trance».
Siguen explicando que a todo ello contribuyó de forma elocuente la Ley de Amnistía de 1977, «que también el Proyecto de Ley, en su Exposición de Motivos y en su artículo 2, parece desmerecer, tal vez sin tener suficientemente en cuenta principios jurídicos básicos, como son los de legalidad, seguridad jurídica, irretroactividad de normas no favorables, etc., que tienen por finalidad limitar o evitar la arbitrariedad y que están expresamente recogidos en el artículo 3 de nuestra Constitución».
Conclueyn diciendo: «Percibimos, además, que el Proyecto de Ley pretende establecer una “verdad oficial”, amparada en lo que se configura como un “deber de memoria democrática”, que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España».
Es por ello que «EXIGIMOS al Gobierno, a su Presidente, y a los responsables de los Grupos parlamentarios el replanteamiento del Proyecto de Ley de Memoria Democrática, aún posible en la tramitación parlamentaria pendiente, con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia».
Entre los firmantes de esta carta, según señala VoxPópuli, hay históricos socialistas como José María Mohedano, ex diputado y ex secretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Luis Berenguer, ex diputado (UCD y PSOE), ex eurodiputado y expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia; y Carmela Garcia Moreno, ex diputada y ex senadora (UCD y PSOE).
Apoyan el documento, además, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; y exministros de Felipe González como Julián García Vargas (ex ministro de Sanidad y Defensa), Julián García Valverde (ex ministro de Sanidad) y Javier Sáenz de Cosculluela (ex ministro de Obras Publicas y ex presidente del Grupo Parlamentario Socialista). También, están en contra de la nueva ley del líder del Ejecutivo Elena Flores (ex diputada, ex secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE) y el exdiputado socialista y actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.
Continúan en la lista el ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Pedro Bofill, el ex alcalde de A Coruña y ex diputado socialista Francisco Vázquez, el ex secretario general de la Presidencia del Gobierno socialista Rafael ‘Fali’ Delgado, el diputado constituyente socialista Juan Colino y la ex diputada, ex eurodiputada, ex secretaria de Comunicacion de la Ejecutiva del PSOE, Ana Miranda de Lage y la completan Alejandro Cercas, ex diputado, ex eurodiputado del PSOE, y ex miembro de la Ejecutiva Federal; Paulino Plata, ex consejero de la Junta de Andalucía; los exsenadores Juan Carracao y Francisco Moreno Franco; José Acosta, ex diputado; Pascual Marcos Sebastián, ex senador y ex presidente de la Diputación de Zaragoza; y Tomás Gómez Franco, ex alcalde de Parla.
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